<p>POSADAS. La Justicia hizo lugar a la acción de amparo presentada por la empleada de la delegación Apóstoles de la empresa Electricidad de Misiones SA (EMSA) María Victoria Prietto, contra el traslado compulsivo dispuesto por el titular de EMSA, Héctor López Ricci. </p><p>La Justicia decidió, de inmediato, hacer lugar a la demanda de amparo y restituyó provisoriamente en el puesto a la empleada discriminada. Prietto, quien se desempeña como auxiliar administrativa en la oficina de EMSA en Apóstoles desde hace cinco años, manteniendo un legajo intachable en todo sentido, recibió como un balde de agua fría la noticia de su traslado a la localidad de San Ignacio, dispuesto por la Resolución 153/07, del pasado 8 de corriente, del titular de EMSA, y fundamentado en la necesidad de fortalecer los trabajos de electrificación rural en el municipio indicado. </p><p>¿Otro caso de “apriete”?La empleada, denunció que detrás de los motivos de índole administrativa, que invocaron en la Resolución, se esconde un flagrante caso de “apriete” por razones políticas. </p><p>Es que Prietto se decidió este año a incursionar en política, incorporándose como candidata a concejal a un sublema del Frente Unión Popular, que orienta Ramón Puerta. La trabajadora confió a PRIMERA EDICION que, previamente al intempestivo traslado, le habían “sugerido” que no era conveniente que trabaje con el puertismo. </p><p>“Y no es sólo lo que me pasó a mí, otros compañeros tuvieron que hacer política callados para no correr riesgos”, señaló la joven trabajadora eléctrica. El carácter compulsivo de la medida, de por sí, da cuentas de una forma abusiva de implementar el derecho que la Ley de Contrato de Trabajo concede al empleador en cuanto a traslados de trabajadores. Así lo entendió el abogado que tomó el caso, Martín Ifrán, que dijo que en este tipo de presiones el derecho del empleador está limitado en sus alcances “al causar un daño moral o un perjuicio económico al empleado”. Ifrán señaló, además, que las circunstancias que rodearon al traslado de Prietto, que no le fue consultado previamente, muestran que “indirectamente se le cercena el derecho a expresar libremente sus ideas políticas”. </p><p>Aunque el letrado no abundó más en esta dirección, los antecedentes en diversas reparticiones públicas, entre otras el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), muestran que las tensiones de la campaña electoral derivan en muchos casos en persecución y asedio político a los empleados que no comulgan con el credo oficialista.</p><p>Restitución en el cargoEn esta oportunidad, la jueza Elisa de Correa, del Juzgado laboral 3, quién actuó en calidad de subrogante, hizo lugar de inmediato a la denuncia, dando por iniciada “la medida cautelar de no innovar en los términos previstos por el Artículo 57 del Código Penal laboral, a la vez que dio por iniciada la demanda sumarísima, ordenando la inmediata restitución de la empleada a su puesto habitual de trabajo. En la resolución judicial, la jueza Correa expresa que la medida cautelar se justifica en tanto la Ley 26.088, que modificó el Artículo 66 de la Ley de Contrato de trabajo, dispone que las condiciones de modalidad de trabajo no han de ser alteradas hasta tanto recaiga sentencia definitiva”, por esa razón, indica la magistrada que “corresponde hacer lugar a lo peticionado”. </p><p> Así, la jueza decretó “la prohibición de no innovar, debiendo la empresa Electricidad de Misiones SA: mantener a la Sra María Victoria Prietto en el mismo lugar de trabajo y las mismas funciones y bajo las mismas condiciones en que se venía desempeñando”. </p><p>Para Ifrán, la celeridad con que actuó la jueza es destacable. “No se puede menos que resaltar, en un momento en que la Justicia está cuestionada y pierde prestigio, un caso como este, donde el fallo se ajusta a Derecho y se actúa expeditivamente en salvaguarda de un derecho”.</p>
