<p>POSADAS. La joven María Victoria Prietto, empleada de la delegación Apóstoles de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) denunció que fue víctima de un traslado compulsivo a causa de sus ideas políticas. Aunque oficialmente fue camuflado como una decisión administrativa, el traslado de Prietto -auxiliar administrativa con cinco años de experiencia y legajo intachable- se presenta como un nuevo caso de “apriete”, metodología que -según denuncias efectuadas en varias reparticiones estatales- utiliza la renovación para intimidar a trabajadores que no comulgan con su ideario político.Prietto presentará hoy un recurso de amparo ante el juzgado laboral de turno, reclamando la inmediata revocación de la Resolución 153 -que ordenó el traslado- firmada por el presidente del Directorio de EMSA, Héctor López Ricci. Invocando “el cúmulo de tareas y las obras de electrificación rural que se están realizando”, López Ricci decidió que a partir del pasado lunes, 8 del corriente, Prietto pase a desempeñarse en el distrito San Ignacio. La arbitraria disposición no le fue consultada a la empleada en cuestión, quien aseguró a PRIMERA EDICION que previamente había sido advertida “de que no era conveniente que sea candidata de un sublema del frente de Ramón Puerta”. Prietto -candidata a concejal por un sublema puertista- relató que antes de que se le comunique la medida hubo otros casos, como la amenaza telefónica a un empleado que se disponía a presentar su candidatura a intendente por el puertismo. En una clima de indisimuladas presiones -según explicó- la joven trabajadora de EMSA recibió advertencias del tenor: “Tené cuidado, que el gobierno de Puerta ya terminó” o “pensá que te pueden trasladar”. “No es sólo lo que me pasó a mí, otros compañeros tuvieron que hacer política callados para no correr riesgos”, precisó Prietto. Daño moral y económicoEl abogado Martín Ifrán, apoderado de la denunciante, explicó que la empresa está facultada para realizar traslados de personal, pero que la Ley de Contrato de Trabajo establece limitaciones en el caso de que el empleador ejerza abusiva o arbitrariamente su derecho. La medida es abusiva cuando “causa un perjuicio moral, material o económico al empleado”, explicó el abogado. En el caso de Prietto, “indirectamente se le cercena la posibilidad de expresar libremente sus ideas políticas, indicó Ifrán. El daño moral y económico surge de hecho de la forma compulsiva en que se obliga a la empleada de EMSA a dejar de un día para otro su casa, su ciudad, familiares y amigos, para establecerse en otra localidad.</p><p>Además, la empleada trasladada confió a PRIMERA EDICION su seguridad de que se trata de una forma de intimidación por motivos políticos, ya que -aseguró- “siempre cumplí con mi trabajo, mi legajo está limpio y si me trasladan van a necesitar cubrir mi puesto de auxiliar administrativa”. </p><p>Descartada la presunta motivación administrativa y ante el cariz político del arbitrario traslado, Prietto buscará reparación en la Justicia. En otros casos, en tanto, no siempre los damnificados cuentan con la posibilidad de reclamar abiertamente, dada la doble presión que sufren quienes son presionados por sus ideas desde la posición de poder de quienes manejan los resortes del Estado. Lamentablemente, antecedentes como las represalias contra empleados del IPLyC, asimismo, indican que aun cuando se hagan públicas las denuncias, las reparaciones debidas no llegan. </p>
