Jubilados misioneros denunciaron al Poder Ejecutivo ante el INADI

POSADAS. El Poder Ejecutivo provincial fue denunciado por los jubilados misioneros ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La denuncia fue presentada ante la delegación local del INADI por la Asociación de Docentes Jubilados, el Movimiento de Trabajadores de la Educación de Misiones (MOTEM), el Centro de Jubilados y Pensionados de Posadas, la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Misiones (AJUPAPPROM), la Asociación de Supervisores Docentes y la Asociación de Jubilados Misioneros por sus Derechos (AJUMIDER).En diálogo con PRIMERA EDICION, el presidente del MOTEM, Miguel Roa; el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Posadas y ex presidente del Consejo General de Educación (CGE), Damián Cura; el presidente de AJUPAPPROM, Carlos Alberto Delgado, y miembro de comisión directiva, Aidé Dermida; y uno de los miembros de la comisión directiva de la Asociación de Docentes Jubilados de Misiones, Carlos Almeida, detallaron las razones de lo que consideran “una discriminación lisa y llana contra los jubilados, a quienes no se nos pagan -como dispone la ley- los aumentos por decreto que percibe el sector activo”.Deudas con los pasivos Según detallaron, la provincia adeuda a todos los docentes jubilados quince meses de retroactividad y el SAC del aumento del 10,26% otorgado a los activos por Decreto 396/06; cinco meses y el SAC del aumento de 9,07% dispuesto por Decreto 390/7 y el pago de seis meses retroactivo y SAC de la segunda etapa de ese mismo decreto que otorgó otro aumento del 19,40%. Tampoco percibieron aún los jubilados docentes el último incremento al básico de 16,25% que comenzaron a percibir en agosto de este año los docentes en actividad.    Tope salarial y retención Según advirtieron los educadores jubilados, Misiones es la única provincia del país que dispuso hace doce años un tope a los beneficios jubilatorios del sector, piso que se mantiene en el mismo monto -3.350 pesos- desde hace muchos años y cuya elevación o derogación es facultad exclusiva del gobernador Carlos Rovira. “Cuando el Gobierno se decida a pagar al sector pasivo todos los aumentos decretados, se profundizará el achatamiento en la escala jubilatoria pues un director y un maestro de grado jubilado percibirán el mismo ingreso”, advirtieron.     En este contexto, señalaron que “pese a que el Instituto de Previsión Social (IPS) es un ente autárquico, por la forma en que se conduce el Gobierno actual de Misiones, el Instituto depende plenamente de las decisiones políticas que se toman en el Ministerio de Hacienda, Coordinación de Gabinete y del Gobernador. En la actualidad, el Ejecutivo se está quedando con las acreencias del IPS pues retiene los aportes de los docentes activos y no transfiere la totalidad de estos fondos por lo que el IPS no puede hacer el Fondo de Reserva Previsional que la Ley 568 exige. Si a esto agregamos las importantes sumas en negro que el Estado paga a sus trabajadores de la administración pública, podemos observar la intención de desfinanciar la caja jubilatoria y la de la obra social provincial”. De acuerdo a los datos recabados por los jubilados, el IPS eroga alrededor de siete millones de pesos para jubilaciones y recauda casi trece millones de pesos de aportes de los activos (19%) y la contribución patronal (18%), “esos seis millones de pesos de diferencia ni siquiera llegan al IPS”, aseveraron.Los jubilados cuestionaron también el funcionamiento de la obra social del IPS y el sistema de médicos de cabecera, “tenemos que esperar meses para poder acceder a una consulta con un especialista al que ni siquiera podemos elegir; por un lado no nos pagan lo que nos corresponde de jubilación y por otro, no accedemos a una buena cobertura, pareciera que buscan la muerte de los jubilados”, advirtieron.