Fractura en la bancada rovirista por la Ley de TitularizaciÁ?³n docente

POSADAS. La Cámara de Representantes no pudo aprobar anoche, en su última sesión del año, la masiva titularización docente que había impulsado el gobernador Carlos Rovira, luego de que estallaron serias divergencias en el propio bloque renovador.No hubo reparos, en cambio, para aprobar -con el rechazo de la oposición- otras polémicas normas, como la constitución de una sociedad anónima para regentear el Centro del Conocimiento, la designación de dos jueces y un fiscal, y la modificación del articulado regulatorio de EMSA.El detonante de la crisis en la bancada oficialista lo constituyó el punto que otorgaba estabilidad laboral a quienes no cuentan con título docente, pero dictan clases, lo cual contradijo los deseos del Gobierno en su objetivo de utilizar, quizás por última vez, la mayoría parlamentaria para aprobar iniciativas de su interés. Pese al deseo de Rovira, fueron sus propias diputadas renovadoras las que entendieron que constituía  un despropósito generalizar las titularizaciones, incluyendo a idóneos con sólo un título secundario y algún curso de especialización. La situación de tirantez que se planteó en el bloque renovador hizo naufragar la reunión de la Comisión de Educación que debía realizarse antes del inicio de la sesión, en tanto  decenas de docentes se habían acercado a la Legislatura para interiorizarse sobre el tema. La principal impulsora de la iniciativa, Sucel Nardelli, sufrió una descompensación nerviosa y amenazó con renunciar a la Comisión, al comprobar que sus pares de bancada se resistían a avalar el proyecto que defendió con tanto ahínco. Nardelli, vicepresidenta de la Comisión de Educación, defendió la posibilidad de la titularización masiva, afirmando que se trataba de un acto de justicia. Sin embargo desde distintos sectores del ámbito educativo, se advirtió del despropósito. Se insistió en que la titularización, frena los trámites de traslado, reincorporaciones y también el ingreso de nuevos docentes. Además obliga a suspender la vigencia del estatuto del docente, que establece claramente que las titularizaciones se ganan por concurso. Empero Nardelli sostuvo que anteriores titularizaciones masivas habían planteado una situación de inequidad que se debía reparar. El proyecto fue enfáticamente defendido por la titular del gremio UDPM (Unión del personal docente de Misiones) Marilú Leverberg quien, además, es primera candidata a diputada nacional por el rovirismo, y se encargó de llevar al recinto a docentes adictas a su corriente para presionar por su tratamiento y aprobación. La oposición insistió que la norma apunta a pagar favores políticos y a los punteros del oficialismo. La diputada Blanca Acosta  fue una de las primeras en rechazar la iniciativa y ayer dijo a PRIMERA EDICION: “No debemos titularizar en cargos docentes a personas que trabajan en la docencia pero carecen de la idoneidad que otorga un título de la especialidad”. Acosta, quien también integra la Comisión de Educación advirtió además que “si procedemos a titularizar por ley estamos reemplazando las funciones por las cuales cobran un sueldo mensual los directivos de la Junta de Clasificación y Disciplina”. Explico que el Estatuto del Docente fija específicamente la labor de la Junta y la más importante  “es la de ordenar la realización anual de concursos docentes. Esta actividad ha sido ignorada en los últimos años por quienes ocupan la Junta; a sabiendas o no su inacción ha sido muy perjudicial para el sistema educativo”, afirmo. “No es ético ni moral suplantar por ley las actividades que tienen asignadas por el Estatuto Docente los funcionarios de la Junta, quienes deberían estudiar uno por uno cada caso en particular. Nuestra función legislativa es proveer de los elementos mínimos necesarios para que cada funcionario realice su trabajo con rapidez y efectividad”, afirmo.  Para Blanca Acosta “sería muy pertinente intimar a la Junta de Clasificación y Disciplina que en el plazo perentorio cumpla con las obligaciones por las que percibe sus haberes, pero no es correcto que se dicte una ley para salvar errores de acciones que los funcionarios deben realizar. Con ello vamos más allá de lo que corresponde a nuestra propia función, para suplir faltas ajenas y entramos a un camino que no es el nuestro”.  Privatización o no de EMSAPor otra parte, ante de iniciarse la sesión una ruidosa manifestación de simpatizantes de Luz y Fuerza bloqueo el acceso a la Cámara por “la no privatización” de la Empresa Misionera de Electricidad (EMSA). Con el despliegue de cohetería y al sonar de los bombos instalaron sus pancartas en la puerta del edificio de la Cámara de Representantes, para apoyar la ley sancionada anoche, que quita varios artículos de la ley de regulación eléctrica con el propósito, según el oficialismo renovador de evitar que pase a manos privadas en el futuro. Por el contrario desde la oposición se alzó la voz señalando que se pretende todo lo contrario y se precisó que “se deja abierto el negocio de aquellas actividades que desarrolla EMSA que son rentables, que se pueden privatizar, tercerizar o concesionar, dejando las actividades y unidades no rentables al Estado”. Los legisladores opositores fueron mas allá al sostener que “esta mentira de eliminación de la privatización se da porque se están preparando negocios dentro de la empresa EMSA, dirigidos a que sean manejados por ‘Cachilo’ Rodríguez (titular del gremio) y la Federación de Luz y Fuerza. Buscan quedarse con la explotación de algunas áreas de la empresa que les sean rentables y ganen dinero a costa de los misioneros y los trabajadores y del propio Estado”.Rechazo médico a la Ley de SaludCoincidentemente con el cierre de las sesiones y aunque su debate se produjo días atrás, el Colegio de Médicos de Misiones sostuvo que “no está de acuerdo con la recientemente aprobada Ley Provincial de Salud”, la cual tuvo también un trámite casi sumarísimo gracias a la mayoría oficialista.El Colegio sostiene que la normativa aprobada “no menciona los derechos de los profesionales del arte de curar, y se desconocen los derechos de los trabajadores de la Salud a ser tratados dignamente, a capacitarse, a especializarse, a la información permanente y a honorarios dignos”.Cuestiona además la otorgación de facultades al secretario de Salud Pública para modificar o revocar autorizaciones otorgadas para la prestación de servicios de salud por los colegios
profesionales; y avanza en la concentración y arrogancia de funciones, en el plano de la salud, para la suma del poder público.El Colegio lamentó no haber tenido una copia del texto aprobado con el tiempo necesario para poder realizar una evaluación adecuada a la ley rechazada.Una SA controvertidaEn contrapartida al trago amargo de no lograr consenso por la Ley de Titularización, los legisladores roviristas dieron luz verde a la controvertida ley que, en una situación similar a la Biofábrica, permite que el Centro del Conocimiento que está construyendo el Gobierno se maneje con una sociedad anónima que lo gestionará. La ley aprobada por los oficialistas y el rechazo opositor autoriza a Rovira a crear una sociedad anónima para hacerse cargo del cuestionado Centro y promover actividades  culturales y artísticas. La nueva SA, que recibe un aporte de cinco millones sin aclararse cuánto más aportará el Gobierno provincial a la misma, también queda facultada a alquilar los lugares y espacios de ese centro y el de convenciones y eventos. También podrá comercializar libros y objetos culturales.  Se crea, además, un fondo de financiamiento con el 0,3% del presupuesto anual del Ministerio de Cultura y Educación. Los diputados oficialistas Javier Pelinski, Julio Duarte, Sandra Montiel y Roque Gentile dijeron que las sociedades anónimas son muy buenas para administrar mejor los dineros del Estado. En tanto el diputado Ricardo Biazzi elevó su protesta por “la proliferación de sociedades anónimas  y fondos fiduciarios, con un manejo de recursos por fuera del presupuesto estatal y sin los controles del Tribunal de Cuentas”. Expresó que “el Estado tiene un ministerio y estructuras propias para administrar esos recursos y no necesita de esas tercerizaciones cuestionables”. Comparó la propuesta a la ya creada y criticada SA de la biofábrica. Además al igual que con la biofábrica tampoco ahora Rovira acompañó con el mensaje a la Cámara de Representantes el estatuto social de la nueva estructura ni en la ley proyectada se establecen los recaudos mínimos vinculados a las exigencias sobre su integración, administración y consejo de vigilancia.