POSADAS. Ante la abrumante cantidad de pedidos de destitución contra magistrados de todo el país, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura elaboró un pormenorizado estudio para establecer las causales.El trabajo -realizado sobre la totalidad de los expedientes abiertos- especifica que las demoras propias del proceso judicial constituyen el 20% de los motivos por los que los jueces son blanco de denuncias.El sitio especializado diariojudicial.com dio a conocer los resultados del trabajo que, a la vez, da cuenta de 218 causas abiertas hasta fines de agosto. Si bien las demoras en la administración de justicia están al tope con 45 casos, existen otras imputaciones.“Se puede observar que el 82% de los expedientes tienen su origen en las diez imputaciones más frecuentes, que son: además de la falta de celeridad, parcialidad (20 casos), incumplimiento de los deberes de funcionario público (21), prevaricato (12), denegación de justicia (13), desconocimiento del derecho (17), arbitrariedad (12), irregularidades en el proceso (9), violación de normas procesales (9) y encubrimiento (7)”, especificó el trabajo reproducido por el sitio judicial.“La idea es que los jueces pueden ver cuáles son las causas de las denuncias que recibimos contra ellos”, indicó la presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, la diputada Diana Conti. En cuanto a la principal causa de las acusaciones, la legisladora señaló que la Comisión “ha tomado bandera en analizar específicamente en cada expediente la demora, es decir, a qué obedeció, cuándo está realmente justificada y cuándo no”, en tanto recordó que ya “se le avisó a los jueces que no se va a admitir mas la justificación genérica para los casos de demora”, como por ejemplo el colapso de causas por el corralito. “Generalmente se defienden con eso”, argumentó.Siguiendo el análisis de las causas que motivan denuncias, entre las más de 40 imputaciones hay algunas que son llamativas. Por ejemplo, un caso de mala conducta, donde hay una denuncia genérica referida a la conducta desplegada por una jueza en el barrio cerrado en el que vive (Exp 134/07), o el expediente contra una cámara comercial porque habría confirmado una sentencia condenando a una persona que no se hallaba demandada. En ese caso el letrado denunciante decía que en el sistema informático de la Cámara solo hay una demanda que es diferente a la persona de su cliente, aunque ya se comprobó que se trató de un error en la carga de datos del sistema, ya que en las actuaciones la mujer estaba demandada y se presentó.Por otra parte, estadísticas del Consejo muestran que con la unificación de la comisión de Disciplina y Acusación se ha logrado mayor celeridad en el tratamiento de los expedientes, ya que en la primera mitad de 2007 se resolvieron 234 casos, un 15% más que en el mismo período de 2006, cuando Disciplina y Acusación funcionaban por separado.Este año, de los 237 expedientes tratados entre febrero y julio, 231 fueron desestimados y sólo en tres se resolvieron sanciones disciplinarias, como en el reciente caso del juez de Menores Velázquez, que fue apercibido. Mientras que en uno de los dictámenes se aconsejó la apertura del juicio político al juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia.En tanto que en 2006 hubo 242 desestimaciones en la comisión de Disciplina, habiéndose aprobado sólo un apercibimiento, que fue contra el juez federal de Corrientes Soto Dávila. Por su parte, Acusación rechazó 115 denuncias contra magistrados y recomendó el inicio del proceso de remoción de 16 jueces.
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