<p>POSADAS. “Es un abuso de poder, un abuso de autoridad y un accionar que sólo trae más dudas sobre la legitimidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura provincial”, sentenció ayer el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Isaac Lenguaza, al referirse a la actitud de los diputados que integran la comisión de Poderes en la Legislatura, que el miércoles rechazaron la impugnación formal elevada por la entidad que nuclea a los letrados en contra de la designación de la abogada Carmen Helena Carbone, propuesta por el gobernador Carlos Rovira para el cargo de juez civil y Comercial 6. La impugnación del Colegio de Abogados tiene fuerte peso institucional, ya que no cuestionaba la calidad personal o profesional de la postulante, sino el sistema de selección aplicado por el Consejo de la Magistratura, órgano que “tiene una conformación ilegal porque no respetó la representación de la minoría parlamentaria”, según un duro documento emitido por la entidad que nuclea a los letrados y avalado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Según recordó el presidente del Colegio de Abogados, la impugnación formal luego rechazada señalaba las “graves anomalías” en el proceso de selección, que culminó con la postulación de Carbone en una terna acompañada sólo por cuatro votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura, cuando la ley que estipula su funcionamiento, establece que deberán ser cinco como mínimo quienes apoyen la nominación. Antecedentes La comisión de Poderes rechazó la impugnación al suponer como válido un primer acuerdo del Consejo, que tuvo cinco votos (del presidente del Superior Tribunal de Justicia Jorge Rojas, la ministra de Gobierno, Claudia Gauto, el abogado Nicolás Chemes y los diputados roviristas Celia Giuliani y Antenor Boher). Pero decidió pasar por alto que cuatro concursantes plantearon la nulidad de los resultados y pidieron la impugnación del concurso, en tanto el camarista Ernesto Cabral, y el abogado Fernando Acosta, ambos consejeros, votaron en disidencia y recurrieron el primer fallo. La mayoría entonces tuvo que volver a reunirse para una segunda resolución, pero en esta instancia el presidente del STJ no votó por ausencia, en tanto la ministra del STJ, Cristina Leiva, se abstuvo por amistad manifiesta con la concursante Carbone. Es decir que la terna finalmente se elevó con cuatro votos, en contra de lo que dice la ley. Para la comisión legislativa, este último antecedente parece no haber existido. “El acta de elevación de la terna se firmó el 25 de junio con sólo cuatro firmas, no hubo otra acta de elevación, y la ley es bien clara cuando dice que tiene que tener cinco firmas o en caso contrario, elevar a consideración del gobernador los nombres de los cinco mejores promedios y no tres”, expresó Lenguaza. </p><p> </p><p>Gravedad institucional El presidente del Colegio de Abogados, Isaac Lenguaza, calificó de “grave” la actitud de los legisladores de la comisión de Poderes de la Legislatura provincial. “Para nosotros esto es grave. Es grave que no se tenga en cuenta la impugnación y que se cometa un abuso de autoridad sin investigar en profundidad la situación. Lo que hacen los diputados oficialistas es no darle a la sociedad, a los abogados y a la propia candidata la posibilidad de que se esclarezca la situación”. Pese al rechazo, Lenguaza anunció que la entidad “exhortará al resto de los legisladores para que no se preste el acuerdo”. Y advirtió que si a esta asunción se le da visos de legitimidad basada en una nulidad, va a existir siempre un manto de sospecha, particularmente sobre el accionar del Consejo de la Magistratura”. </p>
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