POSADAS. En una decisión de fuerte peso institucional, que enciende el alerta sobre el aparente “apuro” del oficialismo gobernante en la designación de jueces antes del 28 de octubre, el Colegio de Abogados de Misiones impugnó el pliego de la postulante a cubrir el cargo de juez Civil y Comercial 6, Carmen Carbone, “por graves anomalías” en el concurso llevado a cabo en el Consejo de la Magistratura provincial, por el que terminó seleccionada en una terna después de rendir los exámenes de rigor.La abogada fue posteriormente electa como postulante por el gobernador Carlos Eduardo Rovira, que elevó los pliegos correspondientes a la Legislatura para el acuerdo previo a su nombramiento en el cargo. Este acuerdo, de no prosperar la impugnación formal del Colegio de Abogados ante la Legislatura provincial, terminaría por ubicar a la abogada en el puesto que quedó vacante tras la jubilación del ex magistrado Julio Ifrán. La impugnación formal presentada por el Colegio de Abogados es la primera que se conoce desde el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que cuestiona las bases mismas de su razón de existir y la endeble situación institucional en la que quedó al anularse la representación de la primera minoría parlamentaria mediante una cuestionada movida de la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes provincial. En el escrito elevado ayer a la presidencia de la Legislatura, el Colegio señala que hubo “graves anomalías” en la elevación de la terna, que por ley debe ir acompañada por cinco votos de los consejeros y en esta ocasión sólo tuvo el apoyo de cuatro de los integrantes del Consejo de la Magistratura, “constituyendo dicha carencia una grave anomalía que provoca la nulidad absoluta e insanable” del acto de elevación. Puntajes sospechadosNo obstante dejar en claro que no se valora la honorabilidad de la propia postulante sino el proceso de selección de jueces, la entidad hace referencia a las supuestas irregularidades en el otorgamiento de puntajes denunciadas públicamente por otros concursantes en la convocatoria Nº 28 del Consejo de la Magistratura y planteadas también por algunos de los miembros del cuerpo, que dejaron asentadas en actas formales su oposición a la terna. Por este último detalle, el Colegio había pedido una copia del proceso de selección al Consejo de la Magistratura, pero la entidad seleccionadora se negó a entregar esta documentación. Ahora piden que el presidente de la Cámara exija la remisión de estos exámenes y todos los antecedentes que terminaron por designar a Carbone como postulante elegida por Rovira para el propuesto de jueza civil y comercial en Posadas. “De constatarse las irregularidades hechas públicas, sería causal de impedimento para que se concrete el acuerdo legislativo y consecuente nombramiento”, señala el escrito del Colegio de Abogados. Y culmina advirtiendo a los diputados que “para el supuesto de que sea desestimada la presente impugnación y aprobada la propuesta que es materia de impugnación, la misma carecería de legitimidad por los vicios que trae desde su origen”.“En las nulidades se tiene en cuenta el hecho de que el vicio que afecta al acto es de tal gravedad que atenta contra el orden jurídico, lo que impide su convalidación. El derecho reclama respeto y por eso la sanción que se impone cuando se intenta violarlo es tan seria que no admite subsanación, ni por vía de una pretendida ‘confirmación’”, finaliza.Conformación ilegalEl Colegio de Abogados reafirmó en su escrito que la conformación del Consejo de la Magistratura en su actual composición “es ilegal por la falta de representación parlamentaria de la minoría, lo que deslegitimiza el accionar del mismo”. Este ha sido el pronunciamiento unánime del Colegio reafirmado también unánimemente por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). El Consejo de la Magistratura tiene la función de proponer al Poder Ejecutivo, para su designación, a los jueces inferiores, fiscales y defensores del Poder Judicial. Está integrado por un Ministro del Superior Tribunal de Justicia; un representante del Poder Ejecutivo; dos abogados; dos diputados y un consejero designado entre los magistrados inferiores y funcionarios del Poder Judicial que tengan acuerdo de la Cámara de Representantes. El artículo 3 de la Ley 3.652 de creación del Consejo de la Magistratura dice que debe estar integrado por un diputado por la representación parlamentaria mayoritaria y otro por la primera minoría. Pero una movida de la mayoría oficialista logró colocar a dos diputados que responden al Ejecutivo.
