Concejo creÁ?³ una comisiÁ?³n para investigar al intendente BenÁ?­tez

SAN VICENTE. En una maratónica sesión, el Concejo Deliberante acordó ayer, por unanimidad, conformar una nueva comisión investigadora de la gestión del intendente Luis Benítez, quien ya fue destituido en una oportunidad (ver recuadro). El órgano, integrado por los concejales Mario Franco de Lima como presidente, Juan Gregorio Bareiro como secretario y Claudio Soto González como vocal, comenzará a trabajar desde hoy en la recolección de pruebas. El objetivo de la comisión será investigar que responsabilidad tuvo Benítez en el desvío de los 99 mil pesos enviados por la Nación en concepto de emergencia agropecuaria y de los 30 mil pesos, también proveniente de la Nación, para la construcción de la Escuela Especial 30. Sobre ambos temas, los ediles cuentan con numerosas documentaciones recabadas en los ministerios nacionales desde donde se desembolsaron los fondos, denuncias presentadas ante la justicia y el dictamen del Tribunal de Cuentas de Misiones (TCM), por el cual se le inició un juicio administrativo al cuestionado alcalde. Apresurado La idea de volver a investigar a Benítez comenzó a pergeñarse en la jornada del miércoles, después de confirmarse que no le otorgarían la licencia solicitada. Así, sin muchas vueltas, ayer al mediodía el presidente del cuerpo, Claudio Soto González, convocó a una sesión especial para las 18.30. Minutos después de la hora fijada comenzó el encuentro, en media hora elaboraron el dictamen y lo aprobaron por unanimidad. El único ausente fue el concejal Edgardo Escalante, quien tampoco estuvo cuando conformaron la anterior comisión investigadora. La resolución de creación del órgano establece que “la comisión investigadora tendrá atribuciones y actuará conforme a las prescripciones que establece la ley Orgánica de Municipalidades y, como propósito, investigar la responsabilidad en los hechos que fueron efectuados, reparados e -llegado el caso- iniciado juicios administrativos de responsabilidad por el TCM al Ejecutivo”. Más adelante, exponen que uno de los hechos denunciados es el destino de los 99.048 pesos de asistencia a los productores. Ante la falta de respuesta del intendente, los productores realizaron una manifestación que finalizó con el incendio del edificio municipal el 13 de marzo del 2006. También mencionan que el TCM avanza en el juicio administrativo al intendente por el subsidio de 30 mil pesos destinado a la Escuela Especial 30, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A ello, según aclaran en los fundamentos, se puede agregar todo aquello que -a criterio de la comisión investigadora- podría encuadrarse en la disposición del artículo 138 de la ley de Municipalidades. Ese punto establece que “se considera trasgresión grave: manifiesta y reiterada inconducta, y negligencia en sus funciones”.