La Legislatura sancionó la Ley de Agricultura Familiar, que entre otros puntos prevé la conformación de un fondo para financiar actividades de asistencia y de promoción, que se alimentaría con dinero proveniente del Fondo Especial del Tabaco (FET).Ese punto generó una fuerte polémica, porque entidades tabacaleras entienden que destinar recursos del FET para financiar actividades que no estén directa y exclusivamente relacionadas al productor de tabaco, iría en contra de lo que establece la ley nacional 19.800, que rige la actividad tabacalera y la distribución del fondo tabacalero.Pero la situación a la vez esconde una interna entre los mismos funcionarios del Frente Renovador, teniendo en cuenta que fueron renovadores los que impulsaron la ley y son renovadores los que responden en su rechazo.El director de política social de la clossista Subsecretaría de Tabaco, Guillermo Knass, explico que la ley nacional 19.800 es la que ordena al sector y establece taxativamente que para acceder a la parte del FET que no va directamente a los bolsillos del productor en forma de retorno o Caja Verde, se debe contar con el visto buenos de las principales entidades tabacaleras y del ministerio de Agricultura de la Nación. Explicó que la ley obliga a cada una de las provincias en las que se cultiva tabaco, a firmar un convenio marco con la Nación en el que se debe estipular cómo se va a distribuir el dinero.“El convenio que firmó Misiones dice que la plata se debe distribuir en base a un acuerdo unánime entre la Provincia las entidades más representativas del sector, que son la Asociación de Productores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM)”, prosiguió.Detalló que la APTM, la CTM y la Provincia conforman la Unidad de Coordinación, que está reconocida en el convenio marco. “Esta unidad se reúne todos los años y entre esas tres partes definen qué van a hacer con ese dinero. Cuando las partes se ponen de acuerdo, hay que armar proyectos en los que se explique en qué se gastará el dinero y presentarlos a la Nación, que evalúa si el programa es viable”, dijo.Los gremios y las cooperativas que acopian tabaco, así como el Ministerio del Agro también se oponen a este recorte por la simple razón de que perderán el manejo de una importante porción de la torta millonaria que significa el FET.En el Gobierno provincial hay un sector que desde hace muchos años viene cuestionando con dureza a los organismos de Misiones que manejan estos fondos, pasando por cooperativas, gremios y el mismo Ministerio del Agro. El argumento de la crítica es que reciben millones por año y no han solucionado la pobreza y situación de precariedad de los miles de productores misioneros.Los renovadores que impulsaron la ley, pasando por la diputada Marta Ferreira y hasta el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, sostienen que las actividades que se financiarán serán parte de la diversificación que deben realizar los tabacaleros y que para eso vienen los fondos del FET.Es un hecho que si esta ley prospera, los tabacaleros acudirán a la justicia para no “compartir” sus recursos. Sin embargo, la diputada renovadora Claudia Gauto defendió la ley de agricultura familiar al señalar que es “jurídicamente viable” y que se trata de la parte del FET que no va directamente a los productores, ni como retorno, ni como Caja Verde u otro concepto.Consideró que no se trata de un traspaso de dinero de un sector a otro, ya que más de 60 por ciento de los pequeños productores que van a ser beneficiados con la Ley de Agricultura Familiar, son tabacaleros. “tenemos que entender que del tabaco hay que salir algún día y solo se sale con decisiones políticas y con una activa participación del Estado”, remarcó.En cuanto a la viabilidad legal de la norma, Gauto recordó que ya hay mecanismos de funcionamiento idéntico al que proponen en la flamante ley, como el Fondo de Contingencia Climática, que funcionan sin problemas.Destacó que el Fondo de la Agricultura Familiar, que está contemplado en la ley, no va a estar en la “lapicera de un ministro”, ya que su uso va a ser definido periódicamente y con carácter vinculante, por el Consejo de la Agricultura Familiar en el que van a estar representados todos los sectores. “No es un consejo asesor o consultivo, las decisiones de este consejo serán vinculantes”, indicó.
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