El agua baja turbia

Así como en 2003, los pobladores de Esquel sentaron un precedente cuando lograron impedir la explotación minera en Neuquén, la tarde del domingo 13 de septiembre de 2015 también está llamada a quedar en la historia. Como nunca antes, el derrame de miles de litros de cianuro en la mina El Veladero en la provincia de San Juan, corrió como reguero de pólvora por los medios nacionales. La opinión pública logró enterarse gracias a un mensaje de texto salido del teléfono de uno de los empleados de la mina. El hecho alarmó a los pobladores de la localidad de Jáchal, porque la fuga llegó hasta el río. Aunque, la empresa llegó a negarlo en un primer momento.Los medios locales reportaron que algunos padres no mandaron a sus hijos al colegio el lunes para evitar que beban agua contaminada.Además, el mismo día, fueron realizadas dos protestas después de que la ruptura de una cañería que transportaba la sustancia química provocara el derrame.La empresa Barrick Gold, que explota la mina Veladero, emitió un comunicado en el que rechazaba que el escape de la solución cianurada y que esta pudiera generar algún daño a la población.“Ante una serie de versiones infundadas, Barrick desea informar que no hubo contaminación en los ríos que corren en la cuenca del río Jáchal”, señalaba el comunicado.El director de Asuntos Corporativos de la firma internacional, Miguel Jimenez, aseguró en ese momento “no hay ninguna afectación ni posibilidad de afectación a la salud de los trabajadores ni de la población”.Sin embargo, después de conocido el derrame, la población se organizó a través de grupos de Whatsapp para tomar medidas de precaución y organizar las protestas contra la minera Barrick Gold.En Jáchal los negocios se quedaron sin agua potable. Muchos no mandaron a los chicos al colegio por miedo a que consuman agua”, publicó La Nación de Buenos Aires.Los vecinos hablaban de 15.000 litros de derrame, cifra que no fue confirmada ni desmentida por la empresa o las autoridades locales.Mientras tanto, el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Felipe Saavedra, calificó al incidente como un “un pequeño derrame de solución” y señaló “no hay peligro para la salud humana”.Sin embargo, tres días después, el Gobierno de San Juan se hizo eco de la preocupación de la población por el derrame de cianuro y “pidió evitar y/o limitar el consumo de agua” en las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto.La medida, de carácter preventivo, se tomó en conjunto con la decisión del Gobierno provincial de avanzar en la denuncia penal que alcanza a la empresa Barrick Gold, a fines de que se investigue el vertido del líquido tóxico.Lo reconocieronPor su lado, Barrick Gold continuó un procedimiento de monitoreo de aguas en la zona de influencia e informó que inició “un proceso de investigación interna” para determinar “las causas y los responsables, de existir, de este incidente, las que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública”.“Como respuesta al plan de emergencia se ha coordinado una serie de medidas precautorias a los fines de superar cualquier contingencia que los resultados de monitoreo pudieran arrojar”, informó la multinacional canadiense a través de un comunicado.En ese marco, dispusieron a través de personal de la empresa, “la provisión de agua para consumo humano a las comunidades de Chinguillo, Malimán y Angualasto”.“Asimismo, se están coordinando con las autoridades locales diversas medidas técnicas de prevención a los fines de morigerar o eliminar cualquier contingencia en los recursos hídricos en el área de influencia de la mina Veladero”, agregó la compañía.Pero, en una nota de prensa, la minera canadiense confirmó luego de tres días de incertidumbre que “la contingencia ocasionó el ingreso temporal de solución cianurada al río Las Taguas”, aunque aseguró que “no generó impactos en la salud de las personas”.Además, informó que “en ninguno de los monitoreos se detectaron presencia de solución cianurada en el río Jáchal ni en el dique Cuesta del Viento, en su entrada y desembocadura”. Sin embargo, no brindaron cifras concretas que es lo que exigen los vecinos y las ONG ambientalistas.Pese al intento de Barrick Gold por enfriar las aguas, el titular del Juzgado Letrado de Jáchal, Pablo Oritja, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un vecino y suspendió la producción en la mina para que se evacúe el campamento y se realicen peritajes.En la misma resolución, el juez Oritja ordenó que la empresa provea agua envasada a las comunicadas de los departamentos de Jáchal e Iglesia afectadas por el derrame. En la zona se acabó el agua mineral de los comercios, ya que ante la falta de certezas, los vecinos seguían comprando botellas en masa.Denuncia a funcionarios y ejecutivosEn la Justicia federal quedó asentada una denuncia de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra los secretarios nacionales de Minería y Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jorge Mayoral y Sergio Lorusso, la Barrick Gold, el subsecretario de Ambiente de San Juan, Domingo Raúl Tello, y el titular de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé. Los acusaron de “envenenamiento de aguas” y “propagación de enfermedad peligrosa”.Mientras tanto, siguen las asambleas permanentes en las plazas de las ciudades de Jáchal e Iglesia. Además, hubo una manifestación en el ingreso a Veladero por la localidad de Tucdum. Los vecinos reclamaron la renuncia del ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra. Exigen certezas sobre la magnitud del derrame.Insólita defensaLa Cámara Minera de San Juan salió a asegurar que es seguro tomar “hasta medio vaso” de agua mezclada con el líquido tóxico.“El cianuro en el manejo de las minas está en proporciones tan bajas que está alrededor del 7% al 8% en el agua. Hasta podés tomar medio vaso que no va a hacer nada. Está sumamente diluido”, sostuvo Jaime Bergé, titular de la entidad minera de la provincia.Según la hipótesis de Bergé, aún si el cianuro llegara al agua no habría mayor peligro para la población. “Deberías tomar mucha cantidad para que llegue ese volumen a la sangre y pueda producir algún daño. Se maneja el cianuro diluido en contenidos de agua para que no sea dañino en ningún tipo, por eso hace más de cuarenta años que no hay ningún accidente grave de personas con el tema del cianuro”, argumentó el directivo minero, según las declaraciones reproducidas por el diario El Zonda.Por esto que afirmaba el titular de la Cámara minera de San Juan, decíamos que el 13 de septiembre puede ser una fecha histórica. Bergé afirmó que hace cuarenta años que no hay accidentes con cianuro, o dicho en otras palabras, hacía cuarenta años que nadie se enteraba de algo así. Golpe de e
fecto desde MendozaSucedió en otra provincia, pero justamente en la semana en que se conocía el accidente minero en San Juan. El procurador de la Corte de Mendoza, Rodolfo González, dictaminó la constitucionalidad de la ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto mediante el uso de sustancias contaminantes.El dictamen fue emitido en respuesta al reclamo de varias empresas mineras que desde que se sancionó la ley 7.722 pedían que se declare su inconstitucionalidad y constituye así el paso previo a la definición que tiene que dar la Corte provincial.Las empresas argumentaron que la prohibición del uso de sustancias químicas sólo para la minería metalífera era “irrazonable, infundada y caprichosa”.Asimismo, las mineras sostuvieron que bajo las leyes 24.228, 24,196, 24.224 y 25.161 “a las que adhirió la provincia de Mendoza”, se les concedieron permisos mineros “para explorar y explotar minerales”.En ese sentido, manifestaron que “la suspensión de la minería es inconstitucional y discriminatoria; que en situaciones iguales, se los ha considerado en forma diferente; que la minería es una industria lícita y de utilidad pública; que sus derechos fueron concesiones legales; y que se los priva de derechos incorporados a sus patrimonios”.Según el dictamen del procurador González, “la 7.722 es una decisión legítima, razonable, de política pública e institucional”, que “garantiza y tutela especialmente el recurso hídrico como esencial y vital para la vida, y como derecho y patrimonio natural de la humanidad”.Además, entre otros aspectos sostuvo que “apunta a impedir el riesgo de un daño grave e irreversible a la vida y la salud de la población” y “resguarda derechos humanos y privilegia la hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aún en un plazo muy largo”.En la misma línea, argumentó que “sería moralmente inaceptable privilegiar la utilidad económica sobre la integridad psicofísica del ser humano”.