El Gobierno provincial estableció la medida para la planta política de la administración central, funcionarios electos y designados, y de los entes autárquicos y descentralizados.
Mediante decreto, la gobernadora Rosana Bertone instauró “la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, a partir de la pérdida de vigencia del artículo 14 de la ley provincial 1068”.
En la última sesión ordinaria de la Legislatura fueguina fue prorrogada la declaración de emergencia que entrara en vigencia en enero del 2016 aunque fue restablecida la vigencia de la ley 855 permitiendo la actualización de salarios para la gobernadora.
También los salarios de todos los funcionarios cuyas retribuciones estaban afectadas por ley 855 podrían ser actualizados.
Sin embargo, el decreto 3.705 dado a conocer por el Ejecutivo provincial asegura que “se estima conveniente, como medida de autolimitación, establecer la no percepción, por parte de toda la planta política de la Administración Central y de los entes autárquicos y descentralizados, de los incrementos salariales que corresponden por aplicación de la ley 855”.
En los fundamentos se menciona que la medida es tomada “atento a la complicada situación económica que atraviesa la provincia, y que no se cuenta con recursos financieros suficientes”.
De acuerdo a lo publicado por el diario El Sureño mientras permanezca en vigencia el decreto la gobernadora continuará percibiendo 85.700 pesos de salario, mientras que el intendente de Ushuaia cobrará 86.000 y el de Río Grande 102.000.
Los legisladores fueguinos, por no estar comprendidos en el actual decreto, están habilitados al reajuste salarial por lo que pasarán a cobrar alrededor de 89 mil pesos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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