Diputados misioneros que integran la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones de la Cámara de Representantes emitieron este miércoles dictamen favorable para el proyecto de reforma y actualización de la Ley de Aranceles y Honorarios Mínimos para abogados y procuradores de la provincia.La iniciativa, impulsada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones (CADEMIS), ahora deberá ingresar sobre tablas para ser aprobada “la próxima semana”, según indicaron fuentes.“Es un paso importante. Sin esta aprobación nunca hubiese salido de comisión el proyecto”, sostuvo el presidente de CADEMIS, Ernesto Báez.En este sentido, explicó que la ley arancelaria vigente lleva 40 años sin ser modificada, en consecuencia “está desactualizada”.“En estas cuatro décadas surgieron en el derecho argentino nuevos procesos judiciales e institutos jurídicos que no están contemplados en nuestra ley arancelaria, sobre todo a partir de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, afirmó Báez.Expresó que el vacío legal existente para el cobro de algunos aranceles “causó que la mitad de los procesos existentes sean regulados discrecionalmente por los jueces, ya que gran parte de estos no estaban contemplados en la ley vigente”, aseveró Báez.“Se generaron situaciones de inseguridad jurídica. Algunos jueces regulaban muy bajo los honorarios, casi indignantes para la profesión, y otros jueces -que por tener cierta simpatía con el trabajo que realizó un colega- regulaban honorarios altísimos”, contó el presidente de CADEMIS. Apuntó que debido a ello recibieron muchas quejas en el Colegio de Abogados. “Nos encontramos con que ante un trabajo similar a un abogado le regularon con mil pesos y a otro con 100 mil pesos. Esto provoca una sensación de inseguridad, además de incertidumbre y desconcierto en la ciudadanía”, sentenció el letrado.RegulaciónEn este sentido, el presidente de CADEMIS resaltó que la actualización de la norma permitirá regular todas estas situaciones de inequidad. “La nueva ley evitará la discrecionalidad judicial y dará mayor seguridad jurídica a todos. A los abogados que ahora podrán saber a cuánto se les va a regular; a los jueces que van a tener que respetar lo previsto en la ley actualizada; y la ciudadanía que sabrá cuánto tendrá que pagar de honorarios en los procesos judiciales en los que se requieran servicios profesionales”, explicó Báez.Añadió además que la normativa “prevé actualizar todo lo que quedó viejo de la ley de honorarios además de incorporar situaciones no previstas”.“Muchas veces se podía pactar con el cliente, pero otras no y es allí donde se recurría al magistrado. Al no existir una normativa arancelaria no habían certezas sobre lo que se debía cobrar o pagar por el servicio”, precisó Báez.Por último, el presidente del Colegio de Abogados destacó que el proyecto para la reforma de la ley de aranceles (ahora en Diputados) tuvo más de seis meses de estudio dentro del Colegiado y posteriormente fue evaluado por una comisión revisora externa.
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