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“Si habilitan la funeraria en el microcentro, violarían las normas”

6 marzo, 2017

La Defensoría del Pueblo de Posadas elevó un nuevo expediente a la Comuna para exponer que “no se puede habilitar un salón velatorio sobre calle Félix de Azara, porque está prohibido por ordenanza”. Si bien hasta ahora la eventual factibilidad había sido elevada para consideración del alcalde Joaquín Losada- un trabajo técnico -realizado por el agrimensor Oscar José Camblong a solicitud de la Oficina de Defensa al Vecino- había determinado que la puerta del Jardín de Infantes del Instituto Roque González “está a menos de los 300 metros lineales de donde se pretende habilitar la funeraria”, lo cual está claramente vedado en la Carta Orgánica. Para alivio de los vecinos del microcentro, quienes se oponen a que se habilite un salón velatorio en una zona muy frecuentada por niños y adolescentes, a mitad de semana llegó la esperada respuesta del colegio, a través de su rector, Juan Rajimón, quien señaló por escrito que la puerta de ingreso que utilizan padres y niños del Jardín de Infantes (nivel inicial, salas de 3, 4 y 5) es desde el año 1995, Colón y Entre Ríos, para el ingreso; mientras que se usa los de La Rioja 1927 y Entre Ríos y San Lorenzo, para la salida.“No hay daño contra el propietario de la empresa, porque seguirá funcionando por calle Catamarca, donde tiene la otra funeraria. No nos oponemos a que funcione tal y como se pidió la factibilidad en 2009: ‘atención al público’. De ahí a que personas ingresen llorando a una sala velatoria es otra cosa”, explicó el defensor del Pueblo, Alejandro Cohen a la consulta de PRIMERA EDICIÓN sobre el polémico caso.“El bien tutelado, sobre lo cual se basó la normativa en vigencia, supone algunas situaciones que los niños y adolescentes todavía no llegan a comprender. Nosotros hemos solicitado la explicación de por qué hay un mínimo de metros contemplado en la ordenanza y es justamente para proteger a los menores en esas situaciones, de duelo y dolor, que no comprenden”, sintetizó sobre los aspectos centrales de la normativa vigente.“Se busca la protección psicológica de los menores, por eso la ordenanza estableció esos criterios técnicos”, insistió. En concordancia, el director general de Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo, Adrián Luna Vázquez, sostuvo: “Sería bueno, en el caso que se introduzcan modificaciones a la norma en vigencia, que se prevean situaciones que no contempla en la actualidad y es la existencia de espacios de recreación, como peloteros, guarderías, o institutos de formación educativa y de actividades extra escolar. La ordenanza, del año ‘89 no contempla estos cambios en la ciudad, y lo tiene que  modificar en la ordenanza porque tienen relación con el bien protegido que es la salud de los chicos, llámese pelotero, guardería, instituto de inglés y demás”, enfatizó junto al Defensor del Pueblo. Caducidad En el expediente, la Defensoría pidió específicamente que se decrete la caducidad de la pre-factibilidad atento a que, si se presentó en 2009 y era por 180 días, tiene que haber un acta administrativa que dicte la prescripción. Y, por otro lado, solicitó que no se otorgue nueva pre -factibilidad o factibilidad (provisoria o definitiva) y que tampoco se proceda a otorgar ingreso a salón velatorio.“Hasta ahora la respuesta que nos habían dado desde la Municipalidad era que el salón no estaba habilitado, pero, que sí se elevó el pedido con ese fin, a consideración del Ejecutivo. Lo que nosotros les decimos es que no lo habiliten porque si lo hacen estarían violando la ordenanza. Queremos suponer que ante esta advertencia de la Defensoría, con argumentos legales y técnicos (medición de agrimensura y respuesta de las autoridades del Roque González sobre la ubicación de la puerta del Jardín de Infantes), la Municipalidad no va a violar una ordenanza vigente. No creo que lo hagan, que caigan en esa simplicidad”, enfatizó Luna Vázquez. Agregó Alejandro Cohen de su parte: “Les advertimos que si ellos van en contra de lo que dice la Carta Orgánica, los vecinos y nosotros vamos a ir al Tribunal de Faltas a impugnar esa habilitación, y además quienes se sienten afectados tienen abierta la posibilidad de iniciar una causa en la Justicia ordinaria, con lo cual se estarían comprando un inconveniente gratis”. Reiteró Luna Vázquez: “Nos dijeron que todavía no otorgaron la habilitación definitiva y que han elevado a consideración del  Ejecutivo, el pedido de habilitación haciendo mención a un trámite iniciado en 2009. A raíz de esta respuesta, nosotros le volvimos a responder, de manera más enfática, ratificando lo que ellos dicen, y con el objeto de llevar más claridad al asunto, que nosotros  no cuestionamos el salón velatorio con entrada por calle Catamarca, ya que ese local está habilitado hace mucho tiempo, y no podemos ir en contra de situaciones jurídicas consolidadas (derechos adquiridos); sin embargo, sí decimos que nos oponemos terminantemente a que se proceda a una nueva habilitación de salón velatorio para ingresos, sea de personas o de óbitos o de lo que fuera, por calle Félix de Azara tal como obra en el expediente”, ratificó a este Diario. 

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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