Pasó casi un año de la audiencia pública que derivó en el último boletazo del transporte público en Posadas, Garupá y Candelaria. En aquella audiencia, cientos de usuarios se quejaron del mal servicio que presta la empresa y la Municipalidad les exigió una serie de obligaciones que debían cumplir en el transcurso del año.Una de ellas fue la incorporación de 250 paradas o refugios de colectivos, que la empresa debía entregar a la comuna para ser colocadas en lugares donde escasean.Estos refugios son importantes para que los usuarios se protejan de las lluvias, las tormentas y los rayos del lacerante sol en las épocas calurosas de verano, como el que se aproxima. Además debería ser un gesto de consideración de la empresa hacia los usuarios que pagan el boleto más alto del país, en forma anticipada y reciben malos tratos y mal servicio a cambio.Pero no hubo caso. Otra vez los usuarios son ninguneados. Mamás con hijos en brazos, abuelitos, enfermos, estudiantes y usuarios en general no recibieron las casillas comprometidas por el Grupo Z.El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, Fabián Florentín dijo el lunes que fue “las empresas no cumplieron con las 250 casillas que se habían comprometido. Entregaron sólo alrededor de 50”, explicó a Radio República.El funcionario anticipó que para “fines de diciembre” se prevé realizar una nueva audiencia pública donde “vamos a instar a los vecinos a participar para que opinen acerca del servicio de transporte público” y acerca del precio que reclama la empresa, que asciende a 23 pesos como tarifa técnica y que llegaría a 13 pesos con la tarjeta Sube.“Representa un 40% de incremento” dijo Florentín y agregó que “me parece un pedido muy alto y exagerado”. Consultado acerca del porcentaje que la Municipalidad analizaría otorgar, si sería de 40, 35, 30 o 25 por ciento, sugestivamente el secretario de Gobierno dijo “bingo” en referencia al último porcentaje.Si bien Florentín dejó en el aire la posibilidad de que el incremento sea de 25% para el año 2017, enseguida salió a aclarar que “primero se debe escuchar a los vecinos y saber qué piensan” acerca del servicio. “Los vamos a instar a que participen”, agregó.El funcionario no explicó si la empresa será sancionada por no cumplir con las casillas que debía entregar. Reconoció que hubo otros incumplimientos en el servicio y que “algunas cosas se solucionaron respecto a la calidad del servicio”.¿No más paros? Por otra parte, en referencia a las medidas de fuerza realizadas por los conductores durante tres días consecutivos la semana pasada, Florentín agregó que por la intervención del Ministerio de Trabajo se logró la salida por vía del diálogo. Pero aclaró que “Nosotros siempre nos enteramos después que el paro empezó porque nunca existe notificación formal por parte de la empresa”, cuestión que es ilegal y que tampoco tuvo sanción. Según su parecer, no deberían haber nuevos paros, pero los antecedentes demuestran que la empresa, durante los últimos años, se manejó sin respetar las ordenanzas que regulan la prestación del servicio. Hasta el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, reconoció la semana pasada que la empresa debe prestar el servicio y que el gremio debe notificar las medidas de fuerza; además enfatizó en que las asambleas “son paros”, porque interrumpen el servicio.Respecto al pedido empresario de incrementar las tarifas, Florentín explicó que se considerará “como marcha la situación del país, cómo es el impacto que sufre el posadeño, el misionero, como impactan las decisiones económicas, cómo serán las paritarias. Y en función de eso vamos a decidir en función de defender el bolsillo del trabajador”.Sostuvo que “40% es exagerado, a modo personal me parece muy alto, pero lo va a decir la gente. Hay que escuchar a la gente, hay una claridad que se tiene después de escuchar a la gente”, finalizó.
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