La adopción de la estrategia de paro sorpresivo adoptada ayer por los choferes de colectivos del Grupo Z, no causó precisamente sorpresa sino indignación entre los usuarios del Sistema Integrado de Transporte que une a esta capital con las localidades de Garupá y Candelaria.Significativamente, con la excusa de un atraso salarial, el paro parcial se cumplió sin anuncios previos y desde las 16 hasta las 18 horas, una franja horaria que, visiblemente, se escogió con el fin de causar molestias e inconvenientes a los usuarios que necesitan este medio de transporte para acudir a sus trabajos o hacer trámites.Muchos se quedaron momentáneamente varados en la Estación de Transferencia de Miguel Lanús y en otras paradas en diferentes tramos del recorrido, transformados ipso facto en rehenes de los choferes del monopólico Grupo Z, un holding económico poderoso que no se ahorra abusos y presiones sobre los desprevenidos usuarios cuando d maximizar ganancias se trata.La afirmación no es gratuita confrontada con la historia de una concesión sospechada desde sus inicios y que se prolonga en el tiempo en base a una reconocida connivencia con el poder político de turno.En este contexto, expuesto más de una vez en los últimos años, no debe sorprender que ayer la opinión generalizada entre los usuarios que se vieron afectados por el paro no era la sorpresa, sino la sospecha de que -otra vez- el reclamo salarial de los choferes no es otra cosa que el introito encubierto de una ofensiva de la concesionaria para presionar por un nuevo “boletazo”. Más allá de la legitimidad o no del reclamo de que se abone el sueldo atrasado de octubre la suspensión arbitraria del servicio en horas pico constituye un claro abuso que no debería ser tolerado.
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