Exceso de bebidas alcohólicas en la conducción de automóviles, el uso de drogas prohibidas y la falta de espacios públicos para la rehabilitación, la retención escolar (recientemente se dijo que un 40% de los jóvenes deserta de la educación secundaria obligatoria) fueron parte de la preocupación manifestada por los estudiantes.Ahora, los proyectos presentados al respecto quedaron en manos de los legisladores misioneros, que deberán evaluarlos y decidir si convierten en ley los pedidos juveniles.La falta de espacios dedicados a la rehabilitación por intoxicación de jóvenes hoy es una demanda ineludible. No avanzar en su apertura es pretender abordar sólo en parte (la prevención) un problema que golpea duro. Durante los últimos años, se han conocido casos emblemáticos donde el Estado no pudo dar respuesta. En Oberá, movilizó durante un tiempo a vecinos y hasta al obispo Damián Bitar, que se expresó públicamente por el caso de un joven adicto que pidió ayuda, sus padres también y, presionado por los dealers que le proveían, terminó suicidándose.“Detrás de este tema doloroso, hay una circulación muy grande de dinero ensangrentado con la vida de jóvenes y niños. La droga no viene del aire, alguien la trae. Eso es señal de que hay narcotráfico, y si hay narcotráfico es señal de que se está mirando para otro lado o se está haciendo poco”, advirtió el obispo de Oberá en mayo.Resulta extraño y hasta poco razonable que, con tantas vidas en juego, no se pueda destinar fondos suficientes a tres centros de rehabilitación estatales en las zonas Norte, Centro y Sur, con profesionales capacitados para devolver a estos jóvenes a una vida sana que les permita avizorar un futuro mejor.Cuanto más tiempo pase sin atender el problema, más vidas se podrían perder frente a un grave flagelo que aprovecha la inacción oficial para avanzar.
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