La colocación de radares de velocidad siempre dio la impresión de que la finalidad que cumplen es, también, la de permitir labrar actas de contravenciones y por ende ser una buena máquina de recaudar hacia las arcas municipales. Los casos más paradigmáticos fueron las comunas de Garupá, Wanda y Candelaria, en su momento. No obstante, la primera ya ha cumplido con todo el protocolo que exige el Estado nacional para autorizar y homologar, este año, la colocación de esa herramienta con la cual se pretendería hacer más efectiva la prevención de siniestros viales.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el coordinador de Seguridad Vial de la Dirección Nacional de Vialidad, Eduardo Balza explicó: “El año pasado, luego de distintas charlas con el intendente (Luis) Ripoll, y de pericias realizadas en el lugar, tuvimos la pauta de que la gente llegaba a una altísima velocidad a la rotonda de acceso al pueblo y nos dijimos que había que hacer algo. Se inició un complejo procedimiento donde el intendente que solicitó el radar tuvo que demostrar, con informes de los hospitales y de la policía, la cantidad de víctimas; además conseguir la autorización de la agencia nacional de seguridad vial (que analiza los llamados puntos negros de alta siniestralidad) y la homologación del Inti. Ese procedimiento se cumplió por completo. De esa manera, en diciembre último, Vialidad Nacional autorizó el emplazamiento de un radar como tiene que ser: fijo sobre columnas, con espiras por debajo del pavimento, que está a unos metros antes de la entrada a la rotonda, lugar que se ha considerado peligroso. ¿Por qué? Porque en una autovía, la existencia de una rotonda es un obstáculo y por lo tanto es peligroso y se lo demostró con las estadísticas”, especificó Balza. Consultado al respecto, Luis Di Falco, abogado especialista en seguridad vial y coordinador del programa provincial de capacitación y educación en la temática, estimó: “Se podrían poner radares en una autovía siempre que tengan autorización y habilitación de varios organismos. En el caso del que está en Garupá la jurisdicción es de Vialidad Nacional, por estar colocado en una ruta nacional y de hecho este organismo había cambiado la posición del medidor de velocidad anterior; ahora se encuentra en una ubicación fija -antes era móvil-, también se colocó un lector que indica la velocidad en la que están cruzando los coches. Ese ha sido el trabajo que estuvieron haciendo en las últimas semanas y están en trámite con la autorización para poder emitir las fotos indicando la contravención. La notificación de infracción parece ser una multa, pero en realidad no lo es y todo se basa en la ordenanza que le da valor; sin embargo legalmente no es obligatorio pagar, no influye absolutamente en nada ni te quitan puntos del scoring. La colocación de estos medidores siempre son polémicos, pero si están bien usados y colocados a conciencia, en lugares donde urge que los conductores reduzcan la velocidad, siempre sirven”, analizó. Di falco cuestionó, en otro orden, algunas acciones con la colocación de radares, que se están llevando adelante, desde junio último en varios puntos de la ciudad de Puerto Iguazú. Según este experto, “la situación se va a prestar para la polémica y va a traer muchas repercusiones, porque es una de las localidades misioneras con mayor tránsito de turistas de todo el país. Cuando estuve por allí y vi que los estaban colocando en el ingreso a la ciudad y que también se evaluaba la posibilidad de colocar otro en el acceso al Parque Cataratas, algo todavía más controvertido por ser de jurisdicción nacional”, evaluó.En ese sentido, por lo que pudo saber este Diario, el alcalde de esa comuna, Claudio Raúl Filippa, estaba absolutamente decidido a su colocación. En números fríos, podría significar la generación de muchísimo dinero recaudado para las arcas municipales ya que el ingreso de los turistas argentinos por allí, es multitudinario.Por otra parte, desde hace unos meses, diputados provinciales trabajan en el borrador de un proyecto de ley para que un solo organismo nacional autorice, regule y preste el servicio de radares en todo el país, de lo contrario cada municipio que trate de replicarlo puede hacer cualquier cosa en las rutas y eso afecta el derecho ciudadano contemplado en la Constitución”, declaró el abogado.Contribuyen a la seguridad en “contadas ocasiones”“Nosotros tenemos un criterio muy restrictivo con respecto a los radares”, enfatizó Ernesto Balza. “Pensamos que son una herramienta que pueden contribuir a la seguridad vial, en contadas ocasiones. De acuerdo a las estadísticas no hay una gran cantidad de siniestros que se producen por alta velocidad. La mayoría son por impericia. Ahora bien, como estamos trabajando por parte, en una tarea minuciosa y restrictiva, nos sentamos a dialogar con las comunas de Garupá y la agencia de seguridad vial, para interpretar las necesidades de cada caso. En Garupá tenían un radar de tipo portátil, con autorización de la agencia nacional de seguridad vial y homologación del Inti, es decir que pese a que el aparato era absolutamente legal, y estaba puesto sobre una colectora en frente de la rotonda, daba una impresión de no cumplir la finalidad de reducir accidentes. No obstante, cuando la autovía se comunica con una rotonda, esta se transforma en obstáculo y por tanto un peligro. Entonces vimos que un radar en la zona era necesario, pero obligamos a poner cartelería de advertencia, porque ésta es la que hace disminuir la velocidad. Quien recibe la multa lo hace dos meses después de la infracción, pero lo que nosotros buscamos es que en la zona se desacelere la circulación, por eso creemos que la cartelería es un factor disuasivo. Por ese motivo el lunes (por mañana) vamos a recorrer la zona para ver cómo se puede optimizar la cartelería, para no volverla contradictora y que cumplan el papel asignado”, aseguró consultado sobre cierta cartelería colocada en la zona, que en los hechos resultaría incoherente entre mínimas y máximas permitidas en zona de radar.
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