Lo que supone “es la utilización de un insolvente como testaferro de una inversión millonaria, producto del lavado de activos conforme la Ley, a partir de actividades que evidentemente se intentan no exponer, ya sea del narcotráfico, o bien de coima originada en sobreprecios en la contratación de obras públicas y luego blanqueada a través de la comercialización de inmuebles y/o alquiler de los mismos”, es la fuerte hipótesis que plantea la primera denuncia penal en el fuero federal nacional radicada el pasado 23 de junio por el diputado misionero de Cambiemos, Alfredo Schiavoni. La presentación judicial apunta a un joven monotributista que según el diputado, “es sólo la primera de varias presentaciones contra funcionarios y exfuncionarios misioneros por delitos tales como enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes de la corrupción en la obra pública, evasión impositiva y fraude a la administración”. La denuncia es parte de una “megainvestigación” que recién empieza a conocerse y que él mismo considera “la punta del ovillo para desenmarañar la ruta de la corrupción kirchnerista en nuestra provincia”. “La gobernabilidad se paga con gobernabilidad pero no con impunidad. Estamos actuando de acuerdo a las premisas del presidente Mauricio Macri en la lucha total contra la corrupción y la búsqueda de transparencia”, señaló el autor, que se asesora con especialistas en este tipo de investigaciones a nivel nacional, además del equipo destinado a develar varias operatorias en Misiones. En la presentación radicada el 23 de junio en el Juzgado Penal Federal 5 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Schiavoni denunció a Héctor Alcides Rebollo, “un joven procesador de datos que es monotributista categoría B” (que puede facturar hasta 15 mil pesos mensuales) y que aparece como propietario de un predio de 14 hectáreas en la costa del Paraná en Candelaria, transformado en un loteo de 95 propiedades con infraestructura adaptada para la constitución de un barrio privado, con bajada de lanchas, tratamiento costero y parquización.Investigan la solvencia del denunciadoEn la denuncia Schiavoni precisa que el equipo se tomó el trabajo de verificar la solvencia económica del joven Rebollo. “Intrigados por la gran capacidad de este joven procesador de datos para adquirir un inmueble tan estratégicamente ubicado, y dada su condición ante la Afip para solventar las costosas inversiones allí realizadas, concurrimos con mi equipo de trabajo al domicilio declarado en el barrio Sana, de Leandro N Alem”, refirió el diputado del PRO, para precisar que luego fueron hasta otro domicilio en Posadas, pero en ninguno pudieron localizar al propietario de los lotes. “Lo que sí pudimos hacer es averiguar más sobre sus datos fiscales y así constatar su participación en la empresa Arifa SA. con domicilio en Ciudad de Buenos Aires” agregó. Según el desarrollo del escrito presentado ante los Tribunales Federales porteños, tras investigar también a esta firma de la cual el joven es presidente del Directorio, “pudimos constatar que todos estos entramados de personas físicas y empresas modificadas no podrían justificar de manera alguna el monto real de la inversión de compra y puesta en valor del predio en cuestión”. “En definitiva, tanto Arifa como Rebollo han introducido sumas de dinero o valores en el mercado económico argentino”, cuyo origen deberán justificar. Según su hipótesis, “la firma no contaría con suficiente capital para solventar la obra, por lo que caben dudas de que ha sido la estructura jurídica a través de la cual se lavaron activos de dinero de cuantísima cantidad, por eso Rebollo ingresa en 2012 como socio de esta empresa”, finalizó el diputado Alfredo Schiavoni sobre su presentación que ahora se conoce oficialmente por primera vez. Un barrio privado de alto vueloEl inmenso predio convertido en emprendimiento inmobiliario, con una vista imponente del río y de la ciudad de Posadas, era comercializado en Buenos Aires, según consigna el escrito. La propiedad está valuada en 15 millones de dólares, según la tasación estimada por el equipo de investigación de Schiavoni, que además cruzó datos con inmobiliarias de la zona.La denuncia precisa que el trabajo de tratamiento costero, defensas, acceso pavimentado desde la ruta nacional 12, apertura de calles con movimiento de suelo y pavimento de doble mano -que totaliza unos tres kilómetros-, veredas de hormigón, cordones cuneta, todo sobre el predio privado que en los papeles pertenece a Rebollo, se hizo “en simultáneo con las obras de tratamiento costero y Costanera que ejecutó la EBY en la zona, y exactamente con las mismas características”, según el escrito de Schiavoni. “Todo es a la vista un mismo proyecto”, señaló el autor de la presentación. “Lo estratégico del lugar, sumado a las inversiones realizadas sobre el mismo y las obras contratadas por cuenta y orden de la Entidad Binacional Yacyretá fuera del emprendimiento inmobiliario privado, pero que lo dotan de accesibilidad y servicios”, que el diputado sospecha que los inversores contaban con información privilegiada, y “valiéndose de ella, realizaron la compra de alta rentabilidad futura”, agrega la presentación. De paso, una manitoAlfredo Schiavoni precisó que conoció el predio a pedido de vecinos de Candelaria que temían que se tratara de un enclave de narcotraficantes. “Ante semejante despliegue de inversión, y sin tener a la vista cartel alguno que indicara nombre del propietario, número de expediente de obra, promoción de venta de lotes, decidí abocarme a la tarea de establecer la titularidad del inmueble” refirió el diputado. De la entrevista con los vecinos pudo “consignar que camiones y maquinaria supuestamente perteneciente a la empresa Esuco SA, contratista de la Entidad Binacional Yacyretá, eran quienes habrían realizado los trabajos en esa propiedad”.
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