Un salto dos décadas atrás

 Señora Directora: El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) que limita el derecho de huelga a los trabajadores organizados a través de sindicatos reconocidos constituye un enorme salto atrás en ese derecho constitucional y el de petición que tiene todo ciudadano argentino. Indirectamente pone además en la ilegalidad a todas aquellas organizaciones gremiales sin personería jurídica, alguna de ellas con larga trayectoria, constituidas como opción ante una burocracia sindical que había dejado de escucharlos y asumir reivindicaciones que sus representados consideraban justas.En mi opinión es un nuevo avance de la criminalización de la protesta social –ya encarnado en sectores del anterior gobierno-, buscando acallar al sindicalismo disidente, aumentando el desamparo gremial del trabajador al dejarlos en manos de una conducción cómplice que adecuó sus planteos a la conveniencia propia de una élite eternizada en ellas. Desconoce además justos reclamos que fueron siendo dejados relegados por una burocracia que se ajustó a compromisos y complicidades con el poder de turno, ignorando las necesidades de sus bases.Significa de pronto dar un salto de dos décadas atrás, a mediados de los 90, quizás, sin animarse aún, buscando convertir a la estructura gremial en una cáscara vacía como había ocurrido antes, luego de 1976, con la prohibición de la actividad sindical que, afortunadamente, hoy parece una pretensión imposible. Creo habrá muchos sectores de trabajadores que, al contrario de lo que se pretendería con el fallo, prefieran la orfandad gremial y la protesta inorgánica –con todos sus riesgos posibles, pero más acotada– antes de adocenarse en aparatos que hace mucho olvidaron que deben representarlos.El fallo es además una decisión oportuna para las pretensiones gobernantes porque llega en un momento en el que la pérdida del empleo y la desocupación vuelven a convertirse en centro de la preocupación de muchos de los argentinos. Abona asimismo el protocolo de seguridad “pública” de este gobierno que hasta hoy, sin una anuencia expresa de la Justicia, se aplicó muy poco y con algún disimulo. Ahora sí, podrá reprimirse con mayor libertad e incluso con el visto bueno y el guiño de los sectores beneficazos por la sentencia privilegiante y que ahora estuvo forzado a mantener las formas.