Pasó casi un año y medio desde que la familia de Mariza denunció ante la Policía local el terrible acontecimiento que había tenido que soportar la jovencita, de entonces apenas 15 años. Desgarrada y con varios puntos internos en su zona genital, la hija del humilde peón de campo declaró ante la Justicia que el hijo del “patrón”, el entonces intendente de El Soberbio, “Jair” Pereira, la había violado salvajemente, hecho por el cual terminó internada en la terapia intensiva de una clínica de la localidad hasta donde la llevó el propio exalcalde. Desde que ocurrió el hecho denunciado, la chica fue abandonada por el Estado, al punto que dejó la escuela por falta de apoyo, ya que no toleraba cruzarse permanentemente con la familia del acusado. Hasta la fecha y salvo una visita a una profesional de San Vicente a la que la llevaron desde la Comisaría de la Mujer de El Soberbio, nunca tuvo el apoyo psicológico prometido, por lo que poco y nada pudo hacer con el trauma. Pese al tiempo transcurrido, tampoco cobró la Pensión provincial para víctimas de abuso sexual que le corresponde y que ya fue tramitada hace meses ante la Oficina de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, y para lo cual la familia tuvo que viajar varias veces a Posadas. Fuera del sistemaMariza estaba terminando la primaria en la Escuela 373 a la que también asiste otro hijo del ahora exintendente Pereira, destituido de su cargo el 19 de octubre de 2015 por irregularidades en la gestión. “No aguantaba cruzarse con ellos, el acusado iba siempre a buscar a su hermano y era muy fuerte para ella. También se cruzaba con Jair, que fue el que hizo todo para que el hijo no pague por lo que hizo. El acusado anda suelto como si nada y mi sobrina y su familia pagaron las consecuencias”, contó Hugo, tío de la víctima. El hombre volvió a reclamar ayuda, acompañamiento y asistencia para la chica y su familia, protagonistas de un caso paradigmático de “hijos del poder” protegidos por el sistema. El abandono del Estado llegó a extremos lamentables. Si bien el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) le construyó a la familia una humilde vivienda de emergencia sobre un terreno prestado, la casa era tan pequeña que el papá de la chica tuvo que ampliarla con unas chapas de cinc que les dieron las autoridades de la escuela a la que asistía la menor. “Pero hace poco las mismas autoridades mandaron a un “secretario” para que retire las chapas de la casa porque sólo eran un préstamo, las tuvieron que devolver”, contó el tío de la víctima, que sospecha que hasta en esa acción estuvo la “mano negra” del exintendente. Beneficiado El abuso ocurrió el 2 de octubre de 2014, según la denuncia de la familia. Inmediatamente, el acusado, Emerson Pereira, se dio a la fuga. Su padre fue denunciado por encubrir el escape y por amenazar a la familia de la víctima, a la que a la vez le habría ofrecido dinero a cambio de que no dieran cuenta del hecho ante la Justicia. Emerson se presentó tiempo después y quedó preso durante seis meses, pero recuperó la libertad tras un cambio de carátula -ordenado por la Cámara de Apelaciones- que lo favoreció, y que dio por hecho que hubo consentimiento en la relación, hecho que la propia víctima y su familia negaron rotundamente. El joven pagó cien mil pesos de fianza y la causa fue elevada a juicio -aún sin fecha- por el juzgado de Instrucción que subroga el cuestionado juez Demetrio Cuenca, sobre el que pesan suspensiones del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un pedido de juicio político y denuncias varias por supuestas irregularidades, distorsiones en el trámite de las excarcelaciones, fianzas por montos irrisorios en relación con la gravedad de los delitos y preferencias según qué abogados manejaran los expedientes. Cuando llegue a juicio, Emerson se enfrentará a un juez correccional y no a un tribunal, en un proceso simplificado y con una condena menor a la inicialmente prevista.
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