El extitular de la Afip Ricardo Echegaray negó ante el juez federal Sebastián Casanello que no se hayan investigado a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero. Ante el juez federal presentó un escrito y contestó preguntas, en las que explicó que quien tenía competencia directa en la investigación era la Dirección General Impositiva (DGI), no él que cumplía un rol de "recaudador" de impuestos por el organismo que conducía.Según Echegaray, cada dirección tiene su propia estructura y es la que dirige las investigaciones, y que por ello está además de la DGI, la Aduana y la Dirección de Seguridad Social, y él tenía la función de cumplir con la "meta de recaudación".Echegaray fue indagado a raíz que existen sospechas que protegió a las empresas de Báez, Austral Construcciones, así como las que radican en la ciudad de Bahía Blanca, grupo Penta S.A, Calvento S.A, y Constructora Patagónica Argentina S.A, entre otras, y que habrían proveído a aquel de facturas apócrifas.Según la acusación sobre Báez, el lavado de dinero por el cual fue procesado tiene como delito precedente en el uso de facturas apócrifas.Además, en la indagatoria el juez Casanello le preguntó como sospecha de protección el por qué dispuso Echegaray el cierre de la regional Bahía Blanca, a lo que el empresario contestó que fue ante un conflicto gremial que arrastraba desde el 2010 esa sede de la Afip por los empleados que resistían una "unificación de horarios" de trabajo.Fuente: Noticias Argentinas
Discussion about this post