Mediante un sumario interno, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) investiga si el juez penal Éctor Acosta, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, cambiaba carátulas de delitos y soltaba presos a cambio de dinero en connivencia con un abogado local. Así de grave es la sospecha que se cierne en torno del polémico magistrado que enfrenta la investigación de superintendencia y que el pasado miércoles también fue denunciado formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, cuerpo que en los próximos diez días deberá decidir si activa el procedimiento de Jury que podría terminar en su destitución. El intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, desató la polémica el pasado fin de semana y frente al propio gobernador Hugo Passalacqua, cuando “deschavó” al juez de la jurisdicción por haber ordenado la libertad de presuntos asaltantes a cambio de una fianza de 140 mil pesos y en supuesta connivencia con un abogado. Tras el escándalo, el jefe comunal formalizó la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento en los mismos términos que usó en el acto por el aniversario de su pueblo. Según esta presentación formal, al intendente le tocó ser testigo de una investigación realizada por la comisaría de Jardín América resumida en el Sumario Judicial 192/16, en el marco de la cual detuvieron a presuntos asaltantes que habrían protagonizado cinco hechos violentos en un radio de 1.500 metros y durante la misma jornada, y que además, según el jefe comunal, confesaron su participación en sede policial. “El Juez Éctor Acosta ordenó la liberación de los involucrados, previo pago de una suma elevada de dinero, dejando en evidencia un acuerdo pecuniario de carácter extrajudicial, en una operación dudosa, la cual llegó a mi conocimiento por fuentes policiales” señaló, por escrito y sin vueltas, el intendente en su denuncia. También el STJEl mismo lunes de la semana pasada, luego de conocerse el fuerte discurso del intendente frente al primer mandatario y vecinos de Jardín América en el que reclamó la puesta en funcionamiento del Juzgado de Instrucción de la localidad, que ya fue creado pero no tiene sede ni juez, el Superior Tribunal de Justicia inició un sumario interno en el marco de sus funciones de superintendencia. Fuentes judiciales de Puerto Rico revelaron que una delegación del STJ se apersonó en el juzgado de Acosta y les tomó declaración a los empleados, entre otras medidas ordenadas para verificar si tienen asidero las acusaciones de mora judicial, connivencia con algunos abogados y hasta cambios de carátulas a cambio de dinero.
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