Doce años después del escándalo político que la tuvo como protagonista, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le dio la razón a la exlegisladora Elsa “Pety”?Garayo. En un fallo emitido ayer, martes, el máximo tribunal provincial no sólo ratificó la falsedad de la firma estampada en la supuesta renuncia a su cargo de diputada en 2004, sino que además condenó a la provincia a pagar una millonaria suma por el daño material y moral ocasionado. El fallo del STJ, última instancia recursiva provincial, resolvió la demanda contencioso administrativa iniciada por Garayo contra la Cámara de Diputados de Misiones y declaró la invalidez del instrumento privado (renuncia) por falsificación de la firma. Además declaró la “nulidad de todos los actos y resoluciones dictados en consecuencia”. La Cámara fue condenada al pago de medio millón de pesos, que deberán ser actualizados con los intereses correspondientes a estos doce años transcurridos desde el hecho, por lo que se estima que el monto ascenderá a unos cinco millones. El caso se enmarcó en plena disputa política entre un “puertismo” en retirada y un “rovirismo” incipiente, con la Legislatura provincial controlada por Luis Viana. Elsa Garayo había asumido por el PJ y “se pasó” al Frente Renovador, antecediendo a la larga lista de diputados “borocotizados” que hicieron lo mismo años después. Como escarmiento, sus “pares” (que entonces respondían al exgobernador Ramón Puerta) presentaron la supuesta renuncia al cargo de Diputada Provincial para destituirla con mayoría simple, evitando los mecanismos constitucionales que exigen mayorías agravadas -el 2/3 de los votos- para expulsar a un legislador. Según se concluye del fallo, se llegó al absurdo de cometer un delito para resolver una disputa política, hecho que ahora le costará millones al erario público.Por el momento se desconoce si la provincia intentará cobrarle a Viana lo que deba pagar como sentencia. En caso de que así fuere, la Fiscalía de Estado podrá intentar la denominada “acción de repetición” contra el exlegislador para recuperar lo que le cueste el fallo. Las viejas mañasSegún había denunciado la dirigente en su momento, antes de asumir fue “obligada” a firmar una renuncia en blanco, al igual que los demás diputados de la bancada. Lo anecdótico del caso es que aquella renuncia en blanco se habría perdido en la sede del PJ, por lo que las entonces autoridades partidarias y el presidente de la Legislatura optaron por la falsificación de su firma “a mano libre” en un nuevo documento, según tres peritos que analizaron la renuncia. Paralelamente, Garayo promovió una denuncia penal por el delito de falsificación de firma y documentos que en su momento se radicó ante el Juzgado de Instrucción N°2, a cargo del exjuez José Luis Rey, luego destituido. Se estima que esta causa prescribió.“Se violó la Constitución”“Mediante la comisión de un hecho ilícito y la falsedad de un acto administrativo -la renuncia de un diputado provincial a su banca- y en consecuencia la nulidad de todo lo actuado, se violó la Constitución Provincial y el sistema democrático, produciendo un antecedente nefasto en la historia constitucional misionera”, refirió el abogado Ernesto Báez, del estudio Chemes&Báez, patrocinante de Elsa Irene Garayo. Según el letrado, el escándalo político que culmina con el fallo de ayer no afectó solamente a Garayo, sino que “violentó la decisión del voto popular que la erigió como legisladora, y todo por cuestiones de revancha política”. Para el abogado, el caso “debe dejarnos una enseñanza: las disputas políticas deben tener como límite la legalidad y el respeto a la Constitución”.
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