Dicen que los muertos, aún muertos siguen generándole deuda a los vivos. Basta con pegarse una vuelta por la administración de los cementerios para darse cuenta que esto es así. Y la gran familia que es la Argentina tiene una deuda que comenzó a generarse hace cuarenta años. La última “dueña de la casa”, Cristina Kirchner había continuado abonando religiosamente el plan de pagos que en vida firmara su esposo. Pero quedaron varios tipos de “la pesada” que la querían cobrar toda junta y no en cuotas. Los fondos buitre, los personajes más despreciables del mundo financiero, nunca quisieron arreglar con el país. Aún con gigantescas ganancias después de comprar bonos de deuda argentina a precio regalado a los bonistas que querían venderlos a toda costa. Sucedió que después del default declarado por Adolfo Rodríguez Saá en diciembre de 2001, los bonos argentinos prácticamente entraron en la categoría de incobrables. Si un bono valía diez dólares, los fondos buitre ofrecían tres por ellos. Y así muchos prefirieron, aún perdiendo, aceptar esa oferta a tener que esperar años con la esperanza de poder cobrar algún día. Para entender de manera sencilla qué son los bonos de deuda, se puede decir que son papeles que los gobiernos de los países emiten para conseguir fondos. Si esa “letra” (así también se la denomina) vale 10, los gobiernos ofrecen a los ahorristas pagarles esos diez más intereses varios años más adelante. Entonces los que los compran, se llevan esos papeles esperando cobrarlos luego con ganancias. El país se nutre así de dinero para obra pública, pagar deudas etc. etc. etc. Pasado el tiempo, el Estado ve la forma de ir pagando esos bonos tal como se había comprometido. A fines de 2001, Argentina, al anunciar que no iba pagar la deuda externa, cometió el default más grande de la historia. Quedaron en el aire más de 180 mil millones de dólares de deuda total. Parte de ese monto correspondía a miles de ahorristas (jubilados, banqueros, profesionales etc). En 2005 y 2010, los presidentes Néstor y Cristina Kirchner hicieron una propuesta a esos bonistas para cancelar esas deudas. Canjear esos viejos bonos por una serie de nuevos con diferentes vencimientos a futuro. Pero en esa oferta ofrecieron una quita del 75% de su valor. Si el bono valía 10 dólares, ofrecieron U$S2,50 más intereses, que podían hacer subir el valor de esa oferta si Argentina podía hacer crecer su economía al momento de vencer esos títulos. El 93% de los bonistas aceptó entrar a los canjes. Un 6% optó por no aceptar y entre ellos, muchos decidieron vender sus bonos para cobrar al menos algo, de inmediato. Fue en ese momento en el que aparecieron los fondos buitre. Financistas que entre su gran gama de negocios, se especializan en comprar “bonos basura” (incobrables en su valor real como los de Argentina). Los pagaban baratos, y sin ningún apuro, con la suficiente espalda financiera, podían esperar años, hacer juicio al país para cobrar la totalidad del bono más intereses punitorios, que se agigantaban a medida que el Estado no los cancelaba. En 2008 compraron bonos en default por una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Mientras el 93% de los bonistas iba comenzar a cobrar sus bonos e intereses, los holdouts (los que no quisieron entrar al canje, pero principalmente los fondos buitre) iniciaron el juicio en Nueva York contra Argentina. ¿Por qué en Estados Unidos si los bonos eran argentinos? Porque así había quedado estipulado en la confección de los bonos. Si surgía algún problema legal, sería en los tribunales de Nueva York donde se dirimirían las diferencias.El caso lo tomó el juez Thomas Griesa y falló a favor de los “buitres”. Compraron los bonos a 40 millones y el magistrado los benefició condenando a que Argentina les pagara U$S1.300 millones.Una cifra injusta, porque públicamente se conocía el monto original que habían pagado y porque había otros bonistas que habían optado por cobrar bajo la quita que ofreció Argentina. Pero el accionar de los fondos buitre no está regulado, hacer ese tipo de maniobras con bonos defaulteados no será ético a la vista del mundo, pero tampoco está prohibido. Muchos pensaban que la solución era pagar el monto de esa condena y terminar con el problema. Pero no se podía. Cuando se hicieron los canjes de 2005 y 2010, la confección de los bonos tenía una condición: la cláusula Rufo. Traducida, decía que si se pagaba cierta cantidad a los que entraron al canje, Argentina no podía hacer una oferta superior a los que se quedaron afuera. En definitiva, si el país le pagaba los U$S1300 millones a los “buitres”, el 93% restante de los bonistas podía exigir una cifra similar. Si eso ocurría, Argentina podía volver a quebrar. Esa cláusula venció el 31 de enero de 2014. De ahí el adelante Argentina podía pagar a los buitres sin tener que dar compensaciones a los “hold in”. Pero eso nunca ocurrió. Por injusta o también por cuestiones políticas que tenían que ver con la sintonía del discurso nacional y popular, el fallo de Griesa no fue acatado. Argentina llegó a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero no tomaron el caso. A pesar de que el país logró alguna concesión mínima en la Cámara de Apelaciones, quedó así firme la decisión de primera instancia. En el ámbito internacional, en septiembre de 2015 Argentina logró que la ONU emitiera una declaración contra los fondos buitre, para que no volviera a ocurrir al similar en futuras reestructuraciones de deuda. Pero esa medida no era vinculante ni retroactiva.La deuda existe igual. Lo cierto es que “no pagarles” generó una bola de intereses que trepó de 1300 millones a casi 10 mil millones de dólares. Durante los doce años del kirchnerismo, con mucha razón se jactaron de haber pagado al FMI e iniciar un proceso de desendeudamiento que permitiría la independencia financiera de Argentina. Con la bonanza económica que vivió Latinoamérica por el alto precio de las commodities, nuestro país forjó una integración regional que logró retroalimentarse. Pero esos años pasaron, cambió el contexto externo. China emergió como el gran inversor y la tabla de salvación para Argentina, pero su economía se enfrió y ya no puede ser tomada como la gran fuente de recursos. En ese orden se hace imperioso volver a tomar “crédito externo”. Malas palabras que calaron hondo en la psiquis de los argentinos después de la crisis del 2001. Pero que hasta el mismo candidato del oficialismo en las presidenciales se encargó de afirmar que era necesario solucionar el problema con los holdouts “desde la defensa de los intereses argentinos” para volver a los mercados financieros internacionales.Semanas atrás, el presidente Macri viajó a la cum
bre económica de Davos. Dijo que volvió con “buenas noticias”, entre ellas, el compromiso de inversiones y el levantamiento de la nota negativa que Estados Unidos tenía sobre Argentina si el país quería tomar préstamos. Pero hasta ahora todo quedó en las meras declaraciones. El Gobierno sabe que si no finaliza el conflicto con los holdouts (por antipático que sea) las inversiones no volverán al país. Los economistas admiten que sin inversiones ni crédito, Argentina no podrá desarrollar su economía. El endeudamiento no es malo de por sí, el problema surge cuando se toman créditos sin el desarrollo de un plan económico serio que permita cancelar esos préstamos sin sobresaltos. Los negociadores enviados por el Gobierno ante el mediador Daniel Pollack, los fondos buitre y el juez Griesa, ofrecieron pagar la deuda a los holdouts con un quita del 25% sobre los intereses. Unos 6.500 millones de dólares, que por ahora el “buitre” más reconocido, Paul Singer, se ha negado a aceptar. La crítica no tardó en llegar de parte de Áxel Kicillof, el último ministro de Economía de la era K, quién nunca logró controlar la inflación y dejó un déficit fiscal del casi el 7% del PBI. Sin embargo desde su capacidad retórica y el tecnicismo económico, logró disfrazar sus errores ante la militancia. Todavía lo escuchan en las plazas como si hubiera sido un gran gestor de la economía. Kicillof dijo: “Si Argentina le paga a los buitres lo que piden, incluso con algún descuento, no se saca un problema de encima sino que el problema se multiplicaría y las consecuencias se pagarían después durante décadas”.¿Cuál es la solución entonces? ¿No pagar, que los intereses se sigan acumulando y cerrar al país a los créditos externos? Sacándole la máscara a los fondos buitre, Argentina intentó evitar tener que pagarles las cifras usurarias. La Justicia estadounidense lo dejó en claro varias veces. No hay salida más que pagar. Pero el Gobierno de Macri deberá asegurarse que “todos” entren a esta oferta, porque de otra manera, por la cláusula Pari Passu, de trato igualitario, los juicios de bonistas en default denominados “mee too” podrían seguir en los próximos años. Aún pagando a los “buitres” y cancelando a los de los canjes de 2005 y 2010. “A este chantaje y este desquicio financiero y judicial se opusieron los 136 países que apoyaron a Argentina en las Naciones Unidas cuando votaron por una inmensa mayoría los principios antibuitre para la reestructuración de deuda soberana”, recordó el ex jefe del Palacio de Hacienda.Ya es tarde. El apoyo de la ONU y los 136 países fue para futuras reestructuraciones. “También hay que considerar que al 93% que acordó se le pagó muchísimo menos que lo que piden los buitres. No sería descabellado esperar que algún otro juez, aplicando incluso un mejor criterio que Griesa, decida obligar a Argentina a reconocerle al 93% que sí aceptó el canje un trato equivalente al que se le piensa dar a los buitres, llevando nuevamente a la deuda externa a un monto impagable, como en 2001”, precisó Kicillof. Volvemos a lo mismo: ¿no pagar es la solución? Con amplitud de visión, los enviados de Macri deberán atar todos los cabos sueltos en las negociaciones, para evitar que en el futuro se desate el “apocalipsis factible”, que menciona el ex ministro sobre el 93% de los bonistas que entraron al canje. La pregunta es: ¿el fallo éticamente injusto del juez Griesa, fue una venganza contra Argentina por intentar despegarse del FMI y los fondos de inversión?Una vez que Argentina vuelva a estar en sintonía financiera global ¿habrá otro juez que se anime a tomar una denuncia si aparecen bonistas que quieran cobrar de la forma en la que pretenden los fondos buitre? Por lo pronto, con 85 años, Thomas Griesa tiene por delante la última gran cruzada de su vida. Porque anunció que se jubilará una vez que finalice la disputa entre los fondos buitre y Argentina. Colaboración:Lic. Hernán Centurión




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