La herencia

El presidente electo Mauricio Macri deberá decidir a lo largo de su gobierno qué hacer con los subsidios que se otorgan a diferentes sectores económicos, una de las más pesadas herencias que le deja la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lastre que representará este año un gasto cercano a los 250 mil millones de pesos. La decisión no será sencilla porque una supresión lisa y llana se trasladaría a las tarifas de los principales servicios públicos, pero su mantenimiento engrosaría el ya voluminoso déficit fiscal, del que los subsidios son la parte casi excluyente. Si se los elimina, el cálculo sería un notorio alivio para el futuro secretario de Hacienda: en los primeros nueve meses de 2015, los subsidios económicos representaron un gasto de 183.530,7 millones de pesos, 47 mil millones más que todo el déficit financiero. Sin embargo, la tranquilidad contable tiene su contracara: a cuánto se elevaría el pasaje de colectivo en la Zona Metropolitana si se podaran de una vez los más de 20 mil millones del “Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte”. Así, el mismo planteo puede extenderse a las facturas de gas, electricidad y agua corriente. Cualquiera de las dos “soluciones” resulta ser inflacionaria, ya que mantener los subsidios implica fogonear la emisión monetaria para hacer frente al déficit que generan, mecanismo que explica gran parte de las subas de precios de los últimos ocho años. Pero, eliminarlos de una vez representaría un desmesurado incremento de las tarifas de servicios públicos que, a su vez impactarían en los costos de producción de una amplia gama de bienes de consumo masivo. Tampoco es fácil anticipar los resultados de una solución gradual sin saber a lo largo de cuántos años se aplicarán los recortes y si estos se harán en forma indiscriminada o atendiendo las diferencias sociales y regionales de los usuarios. Si el dilema es de por sí complejo a él debe sumársele la falta de criterios de equidad social y regional en la asignación de recursos que, en la última década, representaron un volumen superior a toda la deuda pública. Como el grueso de los subsidios económicos se concentran en empresas de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se da la paradoja de que usuarios de servicios públicos del resto del país no sólo deben pagar precios y tarifas mucho más elevados, sino que además afrontan el financiamiento de esos subsidios a porteños y bonaerenses a través del pago de impuestos nacionales. Así, un cordobés no sólo debe pagar un pasaje de colectivo que casi triplica al del autotransporte de la ciudad de Buenos Aires, sino que además atiende la diferencia de las otras jurisdicciones cada vez que paga la cuenta del supermercado. Lo mismo le ocurre a un santafesino con el servicio de agua corriente, a pesar de que fue reestatizado casi en simultaneidad con el que opera en el Área Metropolitana. Pero a su vez, dentro de esta región tampoco se fijan criterios de equidad social, en la medida que lo que se subsidia no es a los usuarios sino a las empresas prestadoras. Un intento por abordar el problema tuvo lugar en noviembre de 2011, en el marco de lo que se conoció como “sintonía fina”, pero el Gobierno no avanzó en la materia. Ejemplos como los anteriores abarcan toda la geografía nacional y todos los servicios públicos, con la excepción de la telefonía fija, cuya incidencia en el gasto de las familias ha sido opacada por las redes móviles. El tema, más allá de abonar los seculares reclamos de federalismo, agiganta los problemas de un futuro Gobierno que asumirá con un déficit financiero equivalente a siete puntos del PBI. Se trata de una decisión que pudo haber sido relativamente sencilla de tomar allá por el año 2005, cuando todos los subsidios alcanzaban a apenas 4.688 millones de pesos y hubieran significado menos de 10 pesos mensuales por familia. En una década, la factura se incrementó 53 veces. Y ello obligará a las futuras autoridades a actuar gradual y selectivamente, para dar inicio de una vez a la solución de un problema que quizás exceda la duración de un período presidencial.