Siete son los detenidos e imputados por el supuesto delito de “supresión de identidad”, después de que la Policía de Concepción de la Sierra frustrara el traslado de tres niños a la provincia de Tucumán. El caso saltó a la luz el miércoles, a la noche, cuando la abuela paterna de los menores revelara detalles de la operación supuestamente orquestada por los siete detenidos.Esa noche, los uniformados procedieron al arresto de un gendarme de 46 años y a dos integrantes de la comunidad gitana en un hotel de Concepción. En ese lugar también se procedió al secuestro de un BMW gris en el que se movilizaba el grupo. Al día siguiente, el jueves, a primera hora, cayeron las mujeres.En el contexto de la investigación también fue demorado el padre biológico de los tres niños, un varón de tres años y dos nenas, de 7 y 8. Se trata de un hombre de 30 años, adicto al consumo de bebidas alcohólicas, que habría prestado su consentimiento para que sus hijos fueran llevados a la mencionada provincia.El viernes, con el juez de Instrucción 4 de Apóstoles de regreso a sus funciones, después de la subrogación de la magistrada de Alem, Selva Raquel Zuetta, trascendió que son tres las mujeres aprehendidas en averiguación del hecho. Una de ellas, de 33 años, es gitana y hermana de los otros dos miembros de esa comunidad que cayeron junto al gendarme. Esta persona llevaba en brazos al bebé de ocho meses cuyo origen se investiga (ver Hay dudas…).Las otros dos son María Beatriz, de 47 años y nacionalidad paraguaya, radicada en la ciudad de Oberá, y Marta, de 45, hermana del supuesto integrante de Gendarmería Nacional, quien tiene domicilio, precisamente, en la localidad de Concepción de la Sierra. De confirmarse el accionar de este grupo y su vinculación con la apropiación indebida de menores de edad, podría decirse que estas mujeres cumplían con la función de intermediarias entre el grupo al que representaban y las familias de los chicos.Una reconstrucción provisoria del supuesto accionar criminal de estas personas lleva a los investigadores a suponer que el gendarme era el encargado de afrontar cualquier situación desfavorable en un control de ruta apelando a su condición de miembro de la fuerza de seguridad nacional. El gendarme, los tres integrantes de la colectividad gitana y la mujer de 33 años, que llevaba al bebé en brazos, tienen domicilio en la provincia de Tucumán.El gitano que conducía el BMW gris, en tanto, tenía una orden de captura de la Justicia de Salta por los delitos de estafa y falsificación de documentación. Ayer, los siete sospechosos iban a ser conducidos al Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles para indagatorias.El tiempo vale oro en esta causaEl juez de Instrucción 4 de esta ciudad, Miguel Ángel Faría, se reincorporó ayer a sus funciones y se puso al frente de la investigación por el supuesto delito de “supresión de identidad”, que tiene en calidad de detenidos a siete personas, entre ellas al padre de los tres niños que, supuestamente, iban a ser trasladados a Tucumán.En medio de un marca hermetismo, trascendió que el magistrado se disponía a tomar declaración indagatoria a los sospechosos. Previamente, los siete debían asignar abogados defensores. El miércoles, a la noche, luego de que la abuela paterna denunciara la maniobra a la Policía de Concepción de la Sierra, el gendarme y los dos gitanos detenidos en un hotel de esa localidad habrían asegurado que pretendían llevarse a los chicos para darles una mejor vida y porvenir.Claro que esta versión debería ser confirmada en sede judicial; de lo contrario carecería de validez. Al parecer, los tucumanos arribaron a la provincia el miércoles pasado. Para ese entonces, las intermediarias ya habían hecho contacto con la familia domiciliada en el paraje Moncholito, jurisdicción de Concepción de la Sierra. No buscaron al azar. Se trata de una familia de escasos recursos e innumerables carencias. El hombre, de 30 años, adicto al consumo de bebidas alcohólicas, está detenido a disposición del juez Faría.Hace meses se encuentra separado de la madre de sus siete hijos, una joven de 23 años. Esa situación, justamente, los hizo beneficiarios de la pensión no contributiva por familia numerosa. El estado de indigencia al parecer era tal, que tres de los pequeños se encontraban con el padre y los cuatro restantes, con la madre. Cuando el hombre desaparecía, obnubilado por su afección a las bebidas fuertes, la madre, es decir abuela de los pequeños, se hacía cargo de ellos.Una historia tristísima aprovechada por inescrupulosos.Hay dudas de que el bebé sea hijo de la detenidaEl dato es clave para endilgar a los siete detenidos el delito de “supresión de identidad”. Consiste en determinar si el bebé de ocho meses que estaba en brazos de una de las mujeres detenidas es hijo de ella o si, por el contrario, fue separado de una familia y privado de conocer su verdadera procedencia e identidad.Fuentes de la investigación indicaron ayer que la mujer, que aseguró ser la madre, presentó un DNI auténtico en el que constaba que el chico fue inscripto en el Registro de las Personas de la provincia de Tucumán. No obstante, los investigadores misioneros tenían serias dudas de que la mujer fuera la madre biológica de la criatura.Los detectives subrayaron ayer circunstancias que no son pruebas concluyentes pero sí indicios de que ella puede estar mintiendo. Por ejemplo -indicaron-, no le da el pecho; no tiene características de propias de una mujer que haya dado a luz meses antes; y físicamente, no presenta parecidos con el pequeño. No obstante, son nada más que especulaciones detectivescas sin asidero científico que deberán ser respaldas o rechazas por conclusiones científicas.En este sentido, trascendió que la Justicia misionera dispondría la realización de un ADN y ya ordenó la comunicación con la Justicia de Tucumán para establecer si, efectivamente, hay constancias de que el menor haya nacido en un centro de salud de esa provincia.
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