Si bien la discusión por el uso de agroquímicos en la zona urbana data de varios años, por estos días el debate volvió a generar tensión a partir de que el Honorable Concejo Deliberante se encuentra ultimando detalles finales para que la reglamentación de la Ordenanza 042/2012 tenga efectiva implementación.Según el documento al que pudo acceder este medio, se encuentra en estudio “en particular” en la comisión de legislación y ya estaría definido para su promulgación luego de las elecciones. El objetivo es “reglamentar la ordenanza referente a evitar el uso de agrotóxicos en la zona urbana por el bien de la ciudad de Montecarlo, por la salud humana y de los ecosistemas tratando de evitar la contaminación de los bienes comunes”.La reglamentación, que será convertida en Ordenanza, contiene 29 artículos y 1 anexo, en los que se adentra en las especificaciones de: Ámbito de Aplicación, Definiciones, Área Urbana, Autoridad de Aplicación, Zona de Tránsito, Seguridad, Transporte, Locales y Depósitos, Venta Comercial, Distancias de Aplicación, Carga y Lavado de Equipos, Residuos, Sanciones.Uno de los aspectos que más controversia ha causado, principalmente con la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, es lo referido a los límites que se fijaron como zona urbana, pues afectaría unas 1.200 hectáreas de socios de la institución. Al respecto, la Cooperativa habría pedido algún tipo de resarcimiento económico al municipio pues al no poder usar estos productos en sus cultivos se verían muy perjudicados en su rentabilidad.Los límites de alcance ya habían sido fijados en la ordenanza 042 del 2012, prohibiendo el uso de agroquímicos en todos los predios comprendidos entre la calle Jontza desde ruta 12 y su proyección en sentido Oeste hasta el límite con el municipio de Caraguatay. Toda la zona comprendida desde la ruta 12 por calle Itacuruzú y su proyección al Oeste hasta su confluencia con calle Wetfalia incluyendo la totalidad de los barrios: Paloma, Martín Fierro y Malvinas y su continuidad hasta el límite con el municipio de Craguatay. Estableciendo además, una zona de amortiguación de 300 metros para la totalidad del territorio del municipio.Malformaciones Entre las argumentaciones de la ordenanza se considera como relevante que cinco de cada mil niños misioneros nace con malformaciones del sistema nervioso central, principalmente en zonas tabacaleras o papeleras, trasladándose el problema a todo el ambiente con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua. Y que el impacto ambiental provocado por estos productos afecta a todos los seres vivos y no solamente a las denominadas plagas.PRIMERA EDICIÓN consultó con técnicos especializados, quienes se mostraron en primer lugar sorprendidos por la escasa o nula consulta que desde el municipio realizaron con los expertos en la cuestión y con las instituciones del sector, y a la vez, se expresaron en contra de la medida a implementar: “Lo que se dice es que con este tipo de productos se contamina el ambiente, por ejemplo, con el Glifosato. Sin embargo, según la empresa que lo fabrica, el producto no tiene poder residual, es decir que muere con la hierba y no queda nada de él ni el suelo ni en el ambiente, además, en nuestra provincia no se usa la fumigación aéreas, que podría ser más cuestionada”, explicaron.Para los técnicos, que prefirieron mantener en reserva sus identidades por una cuestión institucional, el problema es la forma de aplicación, y que es eso lo que no se respeta: “Se tienen que respetar las medidas y las formas de aplicación, esto es una herramienta y tiene sus peligros si no se tiene la información suficiente. Es una tecnología que está a disposición pero se tiene que usar a conciencia, no se puede abusar. En éste caso lo que se está haciendo es prohibiendo algo sin tener los conocimientos suficientes de su uso, no es correcto prohibir, lo que correspondería es una reglamentación y mayor control para que se le dé el uso adecuado”, expresaron.La reglamentaciónLa Organización Mundial de la Salud regula la peligrosidad de estos productos en cuatro categorías, de mayor a menor peligro en: Rojo, Amarillo, Azul y Verde. Y si bien en nuestra provincia está regulado por la Ley de Agrotóxicos que la venta de estos productos sea bajo receta, esto no se cumple.En este sentido, una vecina de la localidad, Evelin Kess, expresó: “Hay una ley provincial al respecto pero no se respeta, tampoco respetan las indicaciones al usar estos químicos y los que venden lo hacen a granel entre otras mercaderías como si se tratase de cualquier cosa sin ningún peligro”.Respecto a la elaboración del proyecto de ordenanza que sería sancionada en los próximos días para dar efectiva aplicación a la norma vigente desde 2012, el conejal Luis Grun, señaló: “Nos llevó mucho tiempo pero fue una linda tarea legislativa reglamentar esta prohibición de todo lo que ha agrotóxicos se refiere en la zona urbana de la localidad. Hicimos algunas modificaciones al proyecto original ingresado del Poder Ejecutivo, principalmente lo referido a las multas que se medirán en Unidades Fijas, como las condiciones específicas para los lugares de ventas, traslado y otros aspectos que se resumen en la filosofía de que quien no quiera tener contacto con agrotóxicos, que no lo tenga por ninguna causa externa; quien quiera usar o vender, que lo pueda hacer bajo las normas específicas, pero respetando al que no quiere”.La reglamentación, que se encuentra en su fase final de estudio, regula diversos aspectos, principalmente que no se podrá aplicar ningún producto agrotóxico a menos de 200 metros del perímetro del establecimiento y fuera del horario de clases debiendo comunicar a la institución el día y el horario en el que se va a realzar la aplicación. Además, se deben establecer barreras forestales de protección.
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