POSADAS. “Las encuestas siempre favorecen al que las paga”, dicen aquellos a quienes los números no favorecen como les habría gustado. Pero, en los últimos tiempos, se podría decir que éstos tienen mucha razón, porque las empresas encuestadoras han cometido una y otra vez reiterados papelones en el afán de congraciarse con el cliente de turno. Mendoza, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sido casos donde hubo “pifiadas” muy gruesas en las últimas semanas donde quedaron, otra vez, en el ojo de la tormenta.Luego de quedar en ridículo, los consultores se esforzaron en dar explicaciones en la prensa sobre los puntos que pudieron haber alterado sus análisis, pero las justificaciones no evitaron las críticas, que llegaron de boca de dirigentes de diferentes extracciones políticas y claramente de la sociedad en su conjunto. Elisa Carrió arrojó la primera piedra: “Deberían ir presos”, lanzó a poco de que terminara el escrutinio en la Capital Federal. Le siguió el sindicalista Facundo Moyano, enrolado en el massismo, quien se manifestó a favor de una regulación. Roy Cortina, jefe de campaña de Martín Lousteau, dio un paso más y presentó un proyecto de ley para establecer regulaciones al uso de las encuestas.Otros sectores políticos también introdujeron proyectos de modificación de legislaciones luego del papelón porteño.Ante la cercanía de cada fecha electoral, las consultoras, los partidos, los políticos, los periodistas… el que está más o menos pendiente de las fechas eleccionarias y del anticipo de resultados electorales no duda en mirar los gráficos que se destacan con colores, siglas en forma de torta o torre con inclinación de una línea que baja o sube.Tener conocimiento con anticipación de lo que piensa la gente es la debilidad de todos los dirigentes políticos por estos tiempos, al punto que llegan a pagar fortunas por obtener esos resultados.Los candidatos utilizan los datos para armar su discurso, para hacer gestiones, para conocer qué piensa la población de ellos, si los votaría o no, si su gestión es buena o no, etc, etc, etc. En base a esto, elaboran planes de trabajo, intensifican o reducen sus apariciones en los medios… En fin, prácticamente se mueven en base a esos benditos resultados.No son todos así, ya que algunos no tienen el presupuesto para hacerlo. Pero se sabe que otros respiran política con el oxígeno de las encuestas. Uno de esos casos es el gobernador de Misiones y candidato a diputado nacional, Maurice Closs, quien tuvo contratado durante sus ocho años de gestión a un pelotón de encuestadores que le acercaron números prácticamente todos los meses.Se sabe que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, también es un ferviente lector de las estadísticas y se mueve en la sinuosidad del “nivel de aceptación”, la “imagen” y la “intención de voto”.Por supuesto que este razonamiento no representa a la mayoría de la población, pero sí a un microclima que cree como factor preponderante el sustento a través las consultas que se realizan a una determinada ciudad en un tiempo equis. Los números no dejan de ser números, pero las estadísticas desvían esa mirada neutralizada en el porcentaje. Por ejemplo, si un partido político contrata una encuestadora le permite conocer, por ejemplo, datos que no lo favorecen (lo negativo) y los números con los que puede presentar un cierto optimismo. Esta polaridad es una constante en los grupos de asesores que trabajan para algún candidato o una fuerza política.Al respecto de este panorama, la directora de la consultora Quorum, Milva Carlino, opinó recientemente: “Es una constante que los dirigentes políticos se preocupen únicamente por una pregunta: intención de voto de los encuestados. Esta pregunta sólo tiene carácter predictivo a una semana previa de las elecciones. Anteriormente se verifican tendencias y algunas de ellas pueden ser cambiadas con el curso de las campañas (de acuerdo con el enfoque de la comunicación política)”.“Las encuestas sirven para plantear estrategias y analizar escenarios políticos”, redondeó.Qué opinan loscandidatos misionerosClaudio Wipplinger, candidato a intendente de Posadas, planteó que “hay dos usos: el uso mediático que hacen algunos para imponer una idea falseando muchos datos o interpretando a medias para que el encuestador pueda justificar la diferencia, y con ésta se intenta dar tendencia; y por otro lado, una encuesta seria se usa como herramienta que ofrece una situación del momento de la encuesta, sobre conocimiento de la gente, visión positiva o negativa… Es una foto de un momento en un contexto, que sirve como parámetro”.El diputado provincial de Trabajo y Progreso consideró que “es una herramienta útil si uno la sabe usar, pero hay que tener en claro que al otro día de la toma de los datos ya pueden ocurrir situaciones que hicieron cambiar el contexto, como la aparición de nuevos candidatos, situaciones económicas que afectan a la población y hacen que la gente fije una nueva posición”.Para sintetizar, Wipplinger expresó que las encuestas “sirven como herramienta de toma de decisión, pero uno tiene que saber que los análisis no definen lo que pasará el día de las elecciones. Hay que saber entender los límites y el porcentaje de error, nosotros lo entendemos de esa forma”.Oscar Herrera Ahuad, ministro de Salud Pública y candidato a vicegobernador por el oficialista Frente Renovador, indicó que “personalmente no me rijo mucho por las encuestas, las tomo como para tomar decisiones en cuestiones institucionales, por ejemplo, una encuesta que me dice el nivel de asistencia que le estamos dando a una determinada población”.Al referirse a las encuestas netamente electorales, el funcionario opinó que “pueden utilizarse para conocer las fortalezas y debilidades de un dirigente o una gestión, pero no para definir un perfil electoral ni tampoco para saber si voy a ganar o perder una elección”.En resumen, para Oscar Herrera “tienen un valor determinado en cuestiones de toma de decisiones, pero sobre las que son netamente electorales tengo muchos cuidados con los números”, aunque reconoció que “me gusta cruzar datos y poder mirar varias y de ahí sacar mis conclusiones”.Héctor “Cacho” Bárbaro, diputado del Partido Agrario y Social y candidato a legislador nacional, sostuvo que “la mejor encuesta es el contacto con la gente, el que te dice que te va a acompañar, el mensajito de texto, el que te recibe en la casa, el que tiene miedo y no se quiere mostrar
con vos pero se reúne donde no lo ven. Ésa es la muestra que nosotros tenemos en cuenta, porque no tenemos recursos para contratar encuestas”.“Muchas veces las encuestas son dibujadas para poder levantar a algún candidato, depende de quien las contrata: si la contrata Puerta, seguro está primero; si la contrata Schiavoni, también va a decir que él está primero. Nosotros no hacemos encuestas y en todo este año no pude ver ninguna provincial”, agregó el diputado provincial.Bárbaro también cuestionó la credibilidad de las encuestas al asegurar que “siempre favorecen al que las paga, levantándole los números. Nos pasó en Misiones en 2013, cuando decían que nosotros medíamos cinco puntos y terminamos con un 11 por ciento. La credibilidad también depende mucho de la empresa encuestadora”.Otro punto que agregó el candidato del Pays es que “la gente que tiene un plan social o asistencialismo tiene miedo de decir que vota en contra del Gobierno, entonces muchas veces la gente no dice la verdad”.A su turno, el candidato a gobernador por el radicalismo, Gustavo González, opinó que “hoy por hoy las encuestas están sobrevaluadas. Sirven como un elemento de valoración, como dato de análisis político, pero hoy pasaron a ocupar un rol central y no merecen tanto”.Agregó que “han perdido mucha credibilidad y esto tiene que ver con la pérdida del valor de la estimación de los candidatos. En la medida en que las propuestas de los candidatos no sean relevantes, la política tiende a mirar números e intenciones de voto”. “Desde el radicalismo hay encuestas propias que manejamos, con recursos propios, y otras contratadas por otros partidos o candidatos. Nosotros, más que intención de voto, utilizamos mecanismos de focus group para medir humor social y prioridades de necesidad de la sociedad. El uso que damos es limitado, la lectura es orientativa”, explicó González.Por último, el dirigente radical enfatizó que “la gente debería escuchar más las propuestas y analizar la trayectoria de los candidatos, en lugar de dejarse llevar por las encuestas que son tendenciosas” y puso como ejemplo los casos de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires: “Claramente le erraron en los pronósticos, casi siempre favoreciendo al oficialismo”.Regular las encuestasEl diputado nacional electo por ECO, Roy Cortina, presentó el miércoles un proyecto de ley que prevé que se prohíba la publicación de encuestas en los quince días previos a una elección. “Queremos evitar que en el futuro se haga un uso arbitrario de los números para favorecer a una opción electoral en desmedro de las demás”, justificó.Cortina no duda de la influencia que tienen los sondeos sobre el electorado y acusó de “parcialidad” a las consultoras. “No es legítimo que sean utilizados como propaganda política a favor de un candidato en vez de servir de insumo para la definición de eventuales estrategias electorales”, sostuvo.El legislador electo denunció que “cuando no se transparenta toda la información que está detrás de cada encuesta, la forma en que son comunicados sus resultados termina distorsionando el escenario que se presenta ante los votantes y es susceptible de incidir en su elección”.Por su parte, la diputada Carla Carrizo también postuló una iniciativa donde propone fijar un marco regulatorio para las encuestas de opinión, luego de los desaciertos que llevaron a las consultoras a medir una ventaja de diez puntos de Horacio Rodríguez Larreta (PRO) sobre Martín Lousteau, que finalmente fue de sólo tres puntos.“La información electoral no es un negocio: es una responsabilidad”, advirtió Carrizo. La legisladora dijo que “esta distorsión de la información ocurrió también en Río Negro, Mendoza y Córdoba, por mencionar los casos más emblemáticos”.Opinó que “esto sucede en Argentina porque, en el caso de muchas provincias, no está regulada ni la actividad de las encuestadoras en el proceso electoral ni la calidad de información que deben brindar, lo cual habilita la manipulación de la información pública por parte de medios y encuestadores”.El proyecto presentado por ella obliga a los encuestadores a cumplir estándares de calidad internacional (hoy se prevén ocho y se agregan nueve más) y acceso del público al detalle técnico en los medios en que se difundan las encuestas.Se establece también una multa que oscila entre 10 mil y 100 mil módulos electorales a los directores, gerentes o representantes de medios de comunicación que publiquen encuestas sin cumplir los recaudos establecidos (el modulo electoral en 2015 es de $5.392).Finalmente, la diputada nacional mendocina Patricia Giménez (UCR) presentó un proyecto de ley donde propone encuadrar a las encuestadoras en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para “fortalecer las figuras de proveedor y consumidor”.Según razonó Giménez, “si para adquirir o contratar bienes y servicios dicha norma protege al consumidor, la misma garantía de transparencia y certeza debe ser exigible en el caso de las encuestas, sobre todo en las políticas, debiendo establecer quién realiza la tarea de encuestar, por quién ha sido contratado, quién paga y quién será el destinatario de los resultados”.“En estos tiempos electorales -señaló Giménez- las encuestas están bajo sospecha y cabe preguntarse si siguen siendo instrumentos de diagnóstico o si se han transformado en parte de la propia campaña”. Por eso, indicó que “necesitamos conocer el modo en el que se construyó ese dato”, porque “si no contamos con el proceso, entonces tenemos una información, una encuesta, que aparece como una entelequia, con vida propia, y nos perdemos el trabajo social que le ha dado origen”.
Discussion about this post