PUERTO RICO. El ministro de Trabajo provincial, Jorge Valenzuela, se reunió con los obreros de la fábrica La Arminda, que llevan más de 200 días en conflicto por el cierre de la planta y la venta de maquinarias, que hacen pensar que no habrá reactivación empresaria del emprendimiento. Entre otras cuestiones, se resolvió que el próximo miércoles 22 de julio, en la sede de la Municipalidad local, se convoque a una audiencia de conciliación entre el empresario de La Arminda y sus exobreros.Valenzuela fue acompañado por el subsecretario del área, Osvaldo Contavalle. “En la charla surgieron ideas muy positivas y propuestas que serán presentadas al propietario de la empresa en la audiencia del 22 de julio”, se indicó.En esa instancia, el Ministerio de Trabajo buscará acercar a las partes para “encontrar una solución definitiva a la penosa situación de los trabajadores” y que la empresa “defina de una vez los pasos a seguir y se haga cargo de las responsabilidades que tiene como patrón”, expresaron los funcionarios. Cabe destacar que hasta el momento se encuentran estancadas las negociaciones relacionadas con el futuro de La Arminda, ya que los propietarios no han buscado alternativas que permitan la reactivación de la fábrica y con ello el mantenimiento de la fuente laboral. Esto genera la extensión en el tiempo de la situación de incertidumbre de los trabajadores, que se ve agravada por la falta de pago de los salarios y la caída de la cobertura social en muchos casos. La situación se torna cada vez más angustiante porque ya les es insuficiente la ayuda que reciben del Estado a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro) y los módulos alimenticios.Valenzuela indicó que esta no es la primera vez que se reúne con los obreros, a quienes el ministro “en persona les ha informado y dejado copias de las actuaciones que se vienen realizando, como así también aclarado todas las dudas y creencias que los trabajadores tienen sobre las facultades del Ministerio en estos casos”. En este sentido, el titular de la cartera laboral sostuvo que muchos de ellos creían que el Ministerio tiene facultades de expropiación y transferencia de administración, cuando legalmente no es así. También se les explicó la protección legal que tienen los trabajadores en este momento por la medida cautelar dictada en el marco de la conciliación en curso.
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