POSADAS. Sin aclaración ni explicación alguna de su contenido, en votación dividida, el Concejo Deliberante giró ayer al Tribunal de Cuentas provincial el balance del ejercicio municipal 2014. Fue en un rapidísimo trámite, donde tampoco quienes se opusieron a él se molestaron en fundamentar sus razones. Quizás, una nueva muestra de la “transparencia” con la que se debaten y aprueban algunas cuestiones públicas de trascendental importancia, como el tema en cuestión.Se repitió así un procedimiento constante en los últimos años cuando llegaron al debate en el recinto los dictámenes destinados a la aprobación del presupuesto municipal para el próximo o el balance del ejercicio vencido, salvo algunos tímidos planteos de la oposición que, pese a algunos que votaron en contra, no brindaron razones de ello. Ése fue el proceder de los radicales Pablo Velázquez, Martín Arjol y Fernando Pianesi y de Rolando Rubleski. El oficialismo, más el “positivo” Gabriel Nielsen y el puertista Daniel Amarilla, validaron los números del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).Otros temasIdéntico fue el proceder para sancionar también la prórroga por 180 días del plazo de vigencia para sacar a subasta motocicletas retenidas en el Corralón municipal y que no fueran retiradas por sus dueños. La unanimidad marcó una clara diferencia con la última sesión del cuerpo, cuando el tema había sido motivo del retiro de la oposición y la caída del quórum. Se abortó entonces el apuro de la Renovación para facilitar esa prórroga requerida desde la Secretaría de Gobierno, que solicitó esa ampliación de los términos de la ordenanza XI 84 (antes 3.402).Diferente fue la suerte del pedido de la consideración sobre tablas de dos expedientes destinados a reclamar al DEM que haga valer la autonomía municipal en cuanto a la potestad que le compete en materia de verificación técnica vehicular de las motocicletas y que ha tomado para sí el Gobierno provincial. Se decidió seguir estudiando el tema para rescatar la jurisdicción en la materia a través de una coordinación con la Provincia. “Más importante de a quién corresponda esa verificación es la seguridad vial”, puntualizó el ombudsman Javier Vairo, sumando su justificación a ese rechazo.Tampoco logró preferencia otro proyecto para reclamar a la Intendencia capitalina el cumplimiento de la ley nacional 20.744, sancionada en 2007, que incorpora como remunerables al salario a los tickets canasta que aún se siguen usando en la Municipalidad local, pese a que por decreto 918/08 la actual administración adhirió a esa norma federal en beneficio de los trabajadores. Se decidió seguir analizándolo en la comisión de Legislación General, en base a un diálogo abierto entre las autoridades y representantes municipales.
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