SAN VICENTE. Paulo Duarte, el cacique de la aldea mbya “Pai Antonio Martínez”, ubicada en la zona de Fracrán, en el kilómetro 1.304 de la ruta nacional 14, denunció ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia al intendente sanvicentino, Waldomiro Dos Santos. Lo acusa de supuesta malversación de fondos y supuesto fraude a la administración pública, tanto a Dos Santos como a los funcionarios municipales que intervienen en la construcción de viviendas dentro del programa “Convenio Programa Federal de vivienda y mejoramiento del Hábitat de pueblos originarios”.La denuncia fue presentada el pasado 19 de mayo y la nota está firmada por el primer cacique Paulo Duarte y el segundo cacique Roberto Benítez de la comunidad mbya ubicada a 40 kilómetros del casco urbano, donde la Municipalidad construye viviendas por medio de cooperativas de trabajo.Tal como se reflejó en la edición del lunes de este diario, la Comuna manejaría varias cooperativas de trabajo a través de funcionarios y empleados municipales, familiares y amigos del intendente y el secretario Tesorero del Municipio, Hugo Barovich.La Comuna sanvicentina firmó a principios de 2013 un convenio con la Nación, a través del Ministerio de Infraestructura, para la construcción de 124 viviendas en el marco del “Programa Federal de vivienda y mejoramiento del Hábitat de pueblos originarios”. Según el convenio, el Municipio recibiría en forma progresiva el dinero directamente de la Nación y las obras debían ser ejecutadas por cooperativas de trabajo. Una metodología de apoyo a intendentes que implementó Julio De Vido de cara a las elecciones legislativas de ese año.Se debía concretar en ese marco “la construcción desde cero de 124 casas con todos los servicios (agua, cloacas, gas, luz, instalaciones eléctricas, sanitarias, dependencias, cielo raso, etc.) ubicadas en la zona de la aldea con el plazo de un año de ejecución hasta la entrega con llave en mano”. Sin embargo, “esta situación nunca se concretó, ya que actualmente elementos probatorios dan cuenta de que dichas viviendas se encuentran a medio culminar, sin los servicios básicos, mal hechas con materiales de muy baja calidad, sin terminaciones, etcétera”, denuncian los beneficiarios. También invitaron a los funcionarios del Tribunal de Cuentas a que hagan una investigación en el lugar: “Que dicho organismo constate dichas obras, recabe información in situ de lo expuesto, a su vez recabe información en la Dirección General de Rentas donde surgirá información valiosa para este caso”. Esto último es por las sospechas de que las cooperativas tendrían problemas legales.En el convenio que San Vicente firmó con el Ministerio de Infraestructura de la Nación están anexadas las localidades de San Pedro y El Alcázar. Son en total 283 viviendas distribuidas en 135 para esta última, 24 para San Pedro y las otras 124 para San Vicente. El monto total de inversión fue de 54,5 millones de pesos y el cronograma de desembolso de dinero era en cuatro etapas de13,6 millones para los tres municipios. El primero, cuando se firmó el convenio, luego otro 25 por ciento “cuando se presenten el acta de inicio de la obra y el primer certificado de avance del veinte por ciento de la obra” y el tercero cuando “se presente el certificado de avance físico y financiero de obra correspondiente al cuarenta por ciento”. El último 25 por ciento llegaría cuando se presente “el certificado de avance físico de la obra en un 60 por ciento”.
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