LIMA, Perú (AFP-NA). La aprobación a la gestión del presidente peruano, Ollanta Humala, cayó en mayo seis puntos porcentuales en medio de protestas contra el proyecto cuprífero Tía María que dejó tres muertos, según un sondeo publicado este domingo.El respaldo a Humala, cayó a 21%, seis puntos menos que en abril y la cifra más baja de su mandato que se inició en 2011 y culmina en 2016, según una encuesta Ipso-Perú publicada en el diario El Comercio.“La incapacidad gubernamental” para sacar adelante el proyecto Tía María le ha costado al mandatario seis puntos en la aprobación de su gestión, sostuvo Alfredo Torres, presidente de la empresa Ipso-Perú.Además, “la violencia que ha caracterizado las protestas contra el proyecto minero despierta un rechazo generalizado en la población”, añadió.Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, pidió el viernes una pausa de dos meses para lograr entendimientos ante las violentas protestas contra uno de sus proyectos mineros en el sur del país.Desde hace cincuenta días, pobladores de la provincia de Islay, región Arequipa (sur), iniciaron protestas contra la ejecución del proyecto cuprífero Tía María. Consideran que contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del río Tambo, a pesar de que la empresa ha aclarado que usará agua de mar desalinizada en sus operaciones.Southern Copper, filial del Grupo México, contempla la inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.Humala, ha descartado la suspensión del proyecto, blanco de violentas manifestaciones y choques con la policía que han dejado dos civiles y un policía muerto.El sondeo realizado entre el 12 al 15 de mayo entre 1.208 personas, con un margen de error de 2,8%, arroja que el 46% está a favor del proyecto y un 43% en contra, 11% no precisa.En otra pregunta sobre los responsables de la violencia en la protesta, un 40% cree que es el Estado, un 35% señala como culpables a los dirigentes, un 11% a los manifestantes, un 9% a la empresa minera.La actuación de la empresa ha sido criticada y el Gobierno anunció la suspensión de las conversaciones con la minera hasta que aclare su responsabilidad en el presunto ofrecimiento de dinero a dirigentes comunales a cambio de terminar las protestas.
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