SANTIAGO, Chile (AFP-NA). Herida aún por un escándalo de corrupción que tiene a su hijo como protagonista y con una popularidad en su mínimo histórico, la presidenta Michelle Bachelet dio un golpe de autoridad y le pidió la renuncia a todos sus ministros.Sorpresivamente y en un formato poco usual en la política chilena, Bachelet realizó su trascendental anuncio en un set de televisión, en medio de una entrevista con el popular animador de programas de entretenimiento Don Francisco.“Le pedí la renuncia a todos mis ministros. Me tomaré 72 horas para saber quién se queda y quién se va”, dijo Bachelet con la voz entrecortada, tras semanas de tensión por los ecos del escándalo por el millonario negocio de especulación inmobiliaria que concretaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon.El escándalo ha significado un duro golpe para Bachelet, cuya popularidad se derrumbó a un mínimo del 31%, el más bajo de sus períodos de gobierno, y una desaprobación que llegó a un récord de un 64%. Golpe de efectoEn este escenario Bachelet dio muestras de autoridad al exigir la renuncia de sus ministros, en un intento por volver a encauzar a su gobierno.“Es una señal de autoridad, un golpe de efecto”, dijo a la AFP Fernando Rosenblatt, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Católica de Chile.“Lo que está realizando la presidenta es un golpe de timón que puede tener efectos significativos en la composición de su gabinete”, dijo por su lado a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.La medida es drástica porque se da por casi segura la remoción del ministro del Interior y jefe del gabinete de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, a quien se consideraba como el “hijo político” de la mandataria.“Lo que hará la Presidenta es una cirugía mayor, sacando a su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, algo que era casi impensado, y eso va a implicar un cambio muy profundo”, agregó Morales.Peñailillo quedó en el ojo del huracán tras revelarse que está involucrado en un caso de financiamiento irregular de la actividad política, que involucra hasta ahora a decenas de políticos de oposición y de Gobierno, a través del uso de boletas por servicios no prestados.




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