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Montecarlo: pagan con vales a los tareferos

30 marzo, 2015

MONTECARLO. La temporada de cosecha gruesa de la yerba mate, la más importante del año, ya comenzó en algunos lugares de la provincia. Pero las condiciones laborales y salariales de los tareferos sigue siendo motivo de reclamos, demandas y protestas. En esta localidad, a las denuncias por los altos índices de informalidad, se suma de nuevo el pago con vales de la Cooperativa Agrícola de esa ciudad. Los contratistas les pagan a los tareferos una parte del salario con esos vales, que sólo pueden ser utilizados en el supermercado que tiene la cooperativa en las afueras de la ciudad y los costos de las mercaderías con esa modalidad de pago son mucho más caros.El Sindicato de Tareferos de Montecarlo se conformó en octubre del 2009 como parte de la estrategia de organización de los trabajadores rurales de esa zona que venían denunciando la continuidad de la explotación laboral, el trabajo en negro, las formas de traslado y la alimentación de los trabajadores en los yerbales. En ese entonces, también comenzaba a visualizarse los alcances de los descuentos compulsivos de las asignaciones familiares que ordenó la Anses y que afectó a cientos de familias en la zona. Los reclamos salariales incluyeron además el reclamo por los pagos con vales, una práctica generalizada y naturalizada por contratistas y por la Cooperativa y que los tareferos no podían rehusar. “El vale fue la forma cultural de pago en especie del salario, era una forma más que tenían los patrones de ganar plata, además de explotar a los trabajadores ganaban vendiéndole la mercadería, eso durante más de ochenta años lo hizo la cooperativa, hasta que los tareferos se organizaron y pidieron cobrar todo sus salario en dinero efectivo y no en especie”, destacaron desde el Sindicato. A partir de la intervención del gremio, estas prácticas comenzaron a ser denunciadas de manera sistemática, logrando que en algunos casos el Ministerio de Trabajo, que siempre tuvo conocimiento de los mismos, tomara medidas. “Existió en un momento, hace unos seis años, inspección del Ministerio de Trabajo, pero luego, cuando relajan los controles, esto retorna”, lamentaron, recordando que “hace unos cuarenta días volvieron a denunciar esta situación, esta vez ante el subsecretario de Seguridad de la provincia, Julio César Lenzken. “Hoy todos los contratistas de la cooperativa operan con este sistema. Se denunció en el mismo despacho del intendente a Lenzken, pero nada hizo hasta la fecha”, dicen. Pierden los trabajadoresLos vales que circulan en Montecarlo llevan en el membrete el nombre del contratista y se presentan como orden de compra, autorizando a retirar mercadería de una cuenta corriente que tienen estos empleadores en la Cooperativa Agrícola Mixta local. Los contratistas que cosechan para la Cooperativa pagan con los vales, que deben gastarse solamente en el supermercado de la misma entidad. El sindicato difundió uno de estos vales, otorgados por Mirta Graciela Giménez, actual esposa del principal contratista de la zona, Eladio Barreto, padre del intendente actual. Los tareferos, que están reclamando desde hace semanas en la rotonda de Montecarlo la devolución de las asignaciones familiares retenidas por la Anses, denunciaron que con esta modalidad de pago se complica aún más la situación en la que viven. 

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🩺Daniel Morel llegó a pesar casi 200 kilos y decidió cambiar su vida. Con acompañamiento médico, nutricional y psicológico en el Hospital Madariaga de Posadas, inició un proceso integral para enfrentar la obesidad y mejorar su salud.🏋️‍♂️“El primer paso es una decisión personal. Cuando esta enfermedad avanza, hay que recurrir a los profesionales”, aseguró. Reconoció que entrar a un gimnasio no fue fácil, pero remarcó que el cambio se sostiene con hábitos claros: “Hay que enfocarse, comer bien, descansar bien y entrenar mejor”.
Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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