BOGOTÁ (AFP-NA). La Fiscalía de Colombia anunció ayer que investiga al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y a su esposa por un caso de despojo de tierras, luego de que a comienzos de mes el ente judicial abriera otra investigación por corrupción al magistrado.“La Fiscalía General de la Nación estableció que el magistrado Jorge Pretelt Chaljud y su esposa, Martha Ligia Patrón, adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003” e investigará si en la compra se cometieron “delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activo agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos”, dijo el ente acusador en un comunicado.Sobre las más de 100 hectáreas de tierra compradas por Pretelt y Patrón, se solicitó que se impongan medidas cautelares pues “están involucradas en el delito de desplazamiento forzado” de sus habitantes, presuntamente ejecutado por grupos paramilitares de derecha, añadió la Fiscalía. Este caso será investigado por un grupo especial de siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores “especializados en contextualizar e investigar crímenes de lesa humanidad”, cometidos en el marco del conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de medio siglo.La Fiscalía remitirá copia de esta causa a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a altos funcionarios, para que determine “si la compra de los predios La Corona y Alto Bonito, que al parecer fueron objeto de apropiación y desplazamiento forzado por parte de paramilitares, es relevante desde el punto de vista penal” en relación a Pretelt. La esposa del magistrado, por su parte, deberá rendir testimonio la semana próxima por este caso ante el ente acusador.Pretelt, nombrado presidente de la Corte Constitucional -encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna- a principios de febrero, se ha visto envuelto en una serie de escándalos y a comienzos de marzo la misma Fiscalía abrió una investigación en su contra por supuestamente haber pedido un soborno a cambio de incidir en una decisión judicial. Tras ese primer caso, el magistrado se apartó de su cargo aunque hasta el momento ha desoído las peticiones de sus colegas de la Corte Constitucional para que renuncie definitivamente.
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