POSADAS. “La ciudad se está dualizando mediante un desplazamiento que es a primera vista imperceptible. Los cinturones de conjuntos habitacionales se construyen en los espacios periféricos y de esta manera se está excluyendo a miles de habitantes de la centralidad urbana. El Iprodha entrega a los posadeños casas en barrios situados a veinte kilómetros del centro, o peor, en Garupá, que es otro municipio. Mientras tanto los pobres no tienen derecho a la vivienda y mucho menos a la ciudad. Ocupan los espacios residuales”. La apreciación, severa y lúcida, proviene del doctor en Antropología, Walter Brites, quien investiga sobre impactos de proyectos de gran escala, y la transformación urbana en las ciudades de Posadas y Encarnación.La mirada que brindó resulta imprescindible para entender la “segregación” porque la distancia física repercute. “Este es el nuevo problema que se está manifestando en la Capital de la provincia, cuyo mapa se muestra dividido entre sectores más altos y más bajos”, sostuvo el joven investigador del Conicet en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. “Nuestra gran crítica en los últimos tiempos es la política de viviendas que impulsa el Estado a través del Iprodha, que no están dirigidas al excluido, al necesitado. Para acceder a un techo digno el ciudadano debe contar con determinado ingreso, estar inserto en el mercado de trabajo y una familia a cargo. Entonces, con ese principio totalmente selectivo, el Estado está siendo, además, excluyente con los sectores vulnerables”, sentenció. En el marco de la charla, el investigador del Conicet, para cuestiones de hábitat, vivienda y renovación urbana, comparó la morfología urbana de Posadas de hace treinta años con la ciudad actual. “En aquel entonces Posadas se mostraba heterogénea con bolsones de pobreza que aparecían como pequeñas manchitas en el mapa, en la ribera del Paraná. En la actualidad todo ese cinturón fue desplazado al sur capitalino. Antes, vivir en la costa del río era sinónimo de ser pobre, carenciado, de estar tugurizado en la economía informal. Rodeados de una serie de cuestiones de ilegitimidad y de ilegalidad, eran mal vistos porque afeaban el aspecto de la ciudad. Hoy en día vivir en la costa del río es sinónimo de poder adquisitivo”. Cambiaron las reglas del juego. En ese sentido, de acuerdo a la mirada de Brites, bajo la fachada de la “revalorización urbana del río” se gestaron las nuevas formas de desplazamientos, con ingredientes como “el negocio inmobiliario, la especulación , etcétera. En el fondo de todo, se encuentra el Capitalismo. Se desarrollan programas prototipos de viviendas que se ajustan al perfil de un cliente, se mercantiliza la política pública y en ese marco el Estado cumple un rol de empresario en la construcción de viviendas”, cuestionó. Cuando la ciudad se fue complejizando, a partir de la operatoria de viviendas, la construcción de Itaembé Miní tuvo una gran particularidad: fue la primera vez que se realizaron obras sobre tierras que disponía el Iprodha. No obstante, estas tenían una característica peculiar: era tierras caracterizadas como “no aptas para urbanizar” por falta de infraestructura, cloaca, agua, y energía eléctrica; sin embargo el organismo terminó construyendo igual sobre 153 hectáreas, el equivalente al microcentro de Posadas.“Mar de casitas”, el ejemplo localPosadas no es la excepción de un fenómeno creciente en América Latina como el de la política de viviendas que se olvida del componente social. El caso de México con “Mar de casitas” es paradigmático, con viviendas que son insustentables, insostenibles e ineficientes en términos de recursos y de infraestructura, donde no se planifican los espacios colectivos (plazas, escuelas, centros de salud, iglesias, comercios).“La experiencia de Latinoamérica es que se construye la vivienda y después, de acuerdo a cómo van surgiendo los problemas, demandas y conflictos, se van poniendo parches a lo que se planificó mal. Se van haciendo las cosas como en una especie de laboratorio de ensayo y error, que después obliga al Estado a tener que destinar millones de pesos para corregir la infraestructura que se hizo mal. Lo barato le sale caro”.En la década pasada, Brites, quien trabajó en Itaembé Miní para su investigación de maestría, empezó tiempo después con los conjuntos habitacionales de la población relocalizada, con trabajos específicos sobre cómo la EBY implementó su política de viviendas en los barrios A- 4, San Isidro y A 3-2. “Estos son conjuntos habitacionales que financió la EBY, pero construyó el Iprodha. Esto es lo que infló los datos ficticios de las estadísticas de viviendas construidas en Misiones por ese organismo, que muestran un salto desde el año ‘97 como del 300% con relación a otros años. Pero no eran viviendas que construía esta repartición a partir de sus recursos propios. Esto también derivó en una serie de problemas muy complejos: la EBY llamó al Iprodha que a su vez llamó a licitación a una serie de empresas constructoras, y a las cuales no se les aplicó un plan de control de obra ni de calidad. En ese sentido el A-4 fue paradigmático: hundimiento de mampostería, filtraciones de agua, utilización de material de segunda para abaratar costos que derivó en una serie de problemas. Se primó la cantidad más que la calidad, más viviendas construidas, metrajes mínimos, adosadas con una sola pared divisoria, terminaciones a media, material de segunda sin certificación y con una rentabilidad que era aprovechada sólo por las constructoras que, en algunos casos, hasta proporcionaba los terrenos donde se iban a levantar las viviendas”, graficó. Por último, en el marco de su trabajo sobre cuestiones de hábitat y segregación Brites formuló: “Hay muchas críticas teóricas por las distintas categorías jurídicas implementadas en el discurso y que hablan de la cuestión de la problemática de la vivienda de los pobres, en términos de la “criminalización, de ilegitimidad o ilegalidad que tienen estos porque habitan los espacios residuales en la trama urbana. Esas categorías conllevan a un discurso con sesgo ideológico con una potencial acción política. Hay que ver cada caso en particular porque la categoría “intruso” tiene un s
esgo ideológico jurídico-político muy fuerte. ¿Quién es el intruso? lo es el pobre que construye su casa a dos metros de la plaza o el rico que hace su playa en la arena sobre el río y obstruye el paso público ¿No es acaso también un intruso?”.
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