POSADAS. Continuará hoy en la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante local el análisis de un incremento a las tarifas de los automóviles taxímetros, que se estima en alrededor del 30%. Al respecto, persisten las diferencias entre las distintas asociaciones dedicadas a esa actividad sobre el monto de la suba y la manera de aplicación de la nueva tarifa.Ese aumento se halla en estudio de los concejales desde febrero pasado, a solicitud del Sindicato de Peones de Taxis que reclama -y da por descontado- que se lleve a doce pesos la bajada de bandera y se establezca una tarifa diferencial nocturna, de manera similar a otras ciudades de la Argentina. Ése es uno de los puntos principales de diferencias, ya que para otras organizaciones gremiales del sector se debe tener cuidado al fijar los nuevos valores para no perder clientes de tal manera que la medida resulte perjudicial para los choferes. Tal sería la opinión del Sindicato de Remises, Taxis y Afines, cuya titular Sandra Barrios se expresó días atrás.Pronta respuestaEn principio, habría un compromiso entre los integrantes de la comisión deliberativa que preside el renovador Mario Florentín y de la Secretaría de Gobierno municipal de llegar a una pronta resolución con el fin de satisfacer el reclamo de los trabajadores del volante y afrontar los mayores gastos en materia de combustibles, repuestos, alquileres y otros costos que se ven afectados por el proceso inflacionario. Se planearía además la posibilidad de establecer un régimen de incrementos anuales escalonado que evite la necesidad de la reiteración en estos reclamos y que haya que volver a abocarse al tema cada pocos meses. Aunque previo a ello, se debería pasar por la obligada convocatoria a una audiencia pública, no vinculante, para explicar las razones del incremento y recibir la opinión de quienes se valen del servicio, a modo de lo que ocurrió el 28 de noviembre pasado cuando se la realizó en relación al “tarifazo” del transporte urbano de pasajeros.Pero algunos ediles no serían consecuentes con esa necesidad y plantearían la posibilidad de eludir la audiencia pública, aduciendo que el servicio de taxis no es un servicio plenamente público sino semi público o “semi privado”, como se comentó desde el oficialismo.





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