BRASILIA, Brasil (AFP-NA). La ola de protestas que recorrió Brasil el domingo puso en negro sobre blanco la indignación por las revelaciones de la descomunal estafa a Petrobras, mientras la economía languidece mes tras mes. Y por primera vez, el blanco excluyente de todos los dardos fue la presidenta Dilma Rousseff.Cerca de 1,7 millones de personas sacaron a las calles, hasta hace no mucho patrimonio del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), ese descontento que no le ha dado tregua a la mandataria desde el inicio de su segundo período en enero.Además de las manifestaciones multitudinarias de este fin de semana, Rousseff debió soportar sólo en marzo abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en São Paulo, cacerolazos durante su discurso por el Día de la Mujer y también este domingo de noche, cuando dos de sus ministros daban una respuesta oficial a las marchas. Y ya hay una nueva protesta programada para el 12 de abril.Popular al inicio de su primer mandato, cuando hizo una “limpieza” de su gabinete despidiendo a media docena de ministros acusados de corrupción, hoy se critica a Rousseff su falta de “cintura política” para gestionar una crisis que es alimentada a raudales por el escándalo en la petrolera estatal, que lanza fragmentos en la alianza gobernante y se acerca cada vez más de la fuerza oficialista.“La elección del 2014 fue muy apretada y como esa diferencia fue muy pequeña (3,3%), parte de la sociedad ve una menor legitimidad en la victoria. Hay una frustración muy grande desde ese momento electoral, que se potenció con la corrupción y se acumuló sobre el deterioro de la situación económica”, dijo a la AFP Michael Mohallem, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro.“Lo importante ahora es que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial armen una agenda que se ocupe de los reclamos de la gente: corrupción, mayor participación ciudadana y financiación de los partidos políticos”, añadió.La resaca que dejaron las protestas incluye también el factor incertidumbre. Muchos mostraron su angustia por “el futuro” del país en una movilización convocada desde las redes sociales, que no tuvo liderazgo ni agenda política pero superó las expectativas de un gobierno que debió armar un mini gabinete para la ocasión.Los que salieron a trajinar las calles de Brasil estaban unidos por el fastidio ante la corrupción en la petrolera, hasta hace poco el orgullo local, pero también reivindicaban pedidos diversos: un juicio de destitución de la presidenta, la salida de jueces de la Corte Suprema y hasta una intervención de las fuerzas armadas.La mayoría de los datos indican que no hay ambiente ni elementos en Brasil para un “impeachment” (destitución), pero el analista político André Cesar dice que no es momento de desechar ninguna opción.“La opinión pública entró en el juego. Y ese es el dato más importante. Mostró la cara. El Gobierno tendrá que analizar a fondo a partir de mañana qué es lo que esto significa”, dijo a la AFP.Al descontento de quienes no votaron al PT se suma el de muchos simpatizantes del Gobierno descontentos con el ajuste en curso para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el ansiado crecimiento. Nada fácil cuando alguno de los exdirectivos de Petrobras confesó haber desviado 100 millones de dólares a sus cuentas personales en Suiza.“El Gobierno va a tener que cambiar la política económica. Va a tener que digerir esto y tomar medidas más drásticas de austeridad económica. Y tendrá que enfrentar también la cuestión de la corrupción”, dijo a la AFP Alexandre Barros, de la consultora Early Warning Political Risk, con sede en Brasilia.El retrato actual de Brasil no está exento de frases fuertes.Ricardo Kotscho, exsecretario de prensa de Luiz Inácio Lula da Silva, el fundador del PT y antecesor de Rousseff (2003-2010), escribió en su blog en la noche del domingo: “Quedó en claro en el día de hoy que está terminando otro ciclo político en Brasil (…) El gobierno de Dilma agotó su munición y ya no sabe qué más hacer para calmar a las masas”.Rousseff enviará al Congreso un nuevo paquete anticorrupción que impida el aporte financiero de las empresas privadas a los partidos políticos y sus campañas como una primera reacción -tardía, según sus críticos- al enojo social.Un enojo que para el analista André Cesar fue “un mensaje para la clase política, pero en lo inmediato solo para Dilma”. Promesa de diálogo para calmar las aguasLa ola de protestas que recorrió Brasil puso en negro sobre blanco la indignación por la corrupción en Petrobras y la falta de respuestas del Gobierno, un guante que fue recogido por la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo estar dispuesta a dialogar con “quien sea”.Por primera vez, la mandataria fue el blanco excluyente de todos los dardos lanzados por los cerca de 1,7 millones de personas que salieron el domingo a las calles, hasta hace no mucho patrimonio del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda). Y ese descontento no le ha dado tregua desde que comenzó su segundo período en el palacio de Planalto en enero.“El Gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo”, dijo durante una conferencia de prensa en Brasilia, en su primera reacción tras las marchas que tapizaron decenas de ciudades del país sin una convocatoria partidaria.“Cuando las personas se manifiestan en las calles, es obligación del Gobierno escuchar lo que ese acto coloca en la coyuntura”, agregó durante una nueva jornada agitada y tumultuosa para su Gobierno.Sobre las quejas de los manifestantes por la situación económica del país, la mandataria insistió en que su Gobierno se ha visto “obligado” a aplicar un ajuste fiscal, reducir subsidios y aumentar la carga tributaria, debido al impacto de la crisis global.“Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el Gobierno consiguió evitar sus efectos más perversos, tales como el desempleo o la reducción de derechos y la renta”, explicó.Y agregó que mientras en Europa la crisis “llevó al desempleo a más de 60 millones de personas y a una amplia pérdida de oportunidades, en Brasil se reforzaron la inversión y los créditos públicos a fin de mantener acelerada la economía”.Mientras Rousseff hablaba, la Fiscalía de la Nación denunciaba al tesorero del PT, João Vaccari Neto, por corrupci&oac
ute;n y lavado de dinero vinculados a la trama de la petrolera estatal. El procurador Deltan Dallagnol detalló que Vaccari había pedido que parte de los sobornos pagados en la red delictiva sean desviados “a través de donaciones electorales”, según los testimonios de otros involucrados en el caso. “Tenemos evidencias de que João Vaccari Neto tenía conciencia de que esos pagos fueron hechos a título de soborno”, dijo Dallagnol.De acuerdo con la acusación, el tesorero del partido fundado por Luiz Inácio Lula da Silva habría recibido 24 donaciones en 18 meses por unos 4 millones de reales (hoy 1,2 millones de dólares).A pesar de haber ganado las elecciones de noviembre de 2014, la popularidad de Rousseff se encuentra en niveles mínimos -23% de aprobación en febrero pasado- como consecuencia de la desaceleración económica, los escándalos de corrupción en Petrobras y el aumento de la inflación.El crecimiento de Brasil podría ser de cero este año o incluso sufrir una contracción de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras la inflación se acerca al 8% y la moneda brasileña cayó un 30% respecto al dólar en apenas un año.Por su parte el escándalo de desvío de dinero de Petrobras ya impactó al sector político, luego que la fiscalía general de Brasil pidió hace una semana al Tribunal Supremo abrir una investigación a 54 políticos -entre ellos el presidente del Congreso y del Senado- por su supuesta implicación en la trama.





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