BUENOS AIRES (Medios Digitales). Los primeros acuerdos salariales con el sector público se ubican por encima del 31%. En pleno año electoral, cuando los conflictos desgastantes pueden tener altos costos para los aspirantes a un cargo, varias provincias cerraron los convenios colectivos anuales para sus trabajadores estatales.En Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota logró ayer la aceptación de un aumento salarial acumulativo del 31,61% en dos cuotas para los empleados estatales de la provincia. El alza se hará efectiva con un 20,64% en febrero, y un 9,09% en julio.En San Luis, el gobernador peronista pero no afín al kirchnerismo, Claudio Poggi, selló un incremento de los haberes del 35%, que se extenderá tanto a docentes como el resto de los trabajadores estatales. Las subas se pagarán en tres cuotas: 20% en marzo, 10% en julio y 5% en octubre. El mínimo de bolsillo pasará a ser de 7.025 pesos.Otros dos distritos que cerraron rápidamente sus negociaciones fueron Río Negro y Neuquén, que firmaron incrementos estatales del 27 por ciento, y 30%, respectivamente. Los acuerdos en las provincias alcanzan a los docentes, con subas también del 30%.En Santa Fe, los gremios ATE y UPCN definían en asamblea si aceptan o no la propuesta de aumento del 31% realizado por las autoridades. “Lo vamos a ver en el plenario de delegados de hoy, pero entendemos que esta propuesta, que para los sectores más bajos que llegamos a casi un 35% de aumento en julio, es una propuesta digna de ser puesta en consideración”, señaló el titular de ATE, Jorge Hoffmann.Las discusiones se desarrollan a la par de la negociación más importante de todas: la que aplica a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Pese a que ya se otorgó una suba del 8% a cuenta, los sindicatos rechazaron el alza total de un 28%, a pagarse en dos cuotas. Exigen un 38% de incremento.A excepción de Río Negro y Neuquén, que cerraron aumentos antes que el resto de los gremios, se perfila como piso para estas paritarias anuales del 31%. Una cifra que no alcanza para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En general, los empleados perdieron capacidad de compra a raíz de la inflación de 2014, que alcanzó estimaciones promedio en torno al 38%.




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