POSADAS. La rapidez con la que actuó la Justicia en el desalojo de los terrenos privados que habían sido intrusados en la zona de Itaembé Miní, ocurrido la última semana, despertó el enojo y malestar de la familia Laudín, que aguarda que se resuelva la similar situación que padecen desde mayo de 2013, cuando un grupo de personas se instaló en un predio que les pertenece, en inmediaciones del Acceso Sur, y hasta el momento sigue allí a pesar de que el 20 agosto de ese mismo año el juez César Yaya había librado una orden para que se proceda a retirarlos del lugar, acción que nunca se materializó.“La sensación que tuve fue de impotencia, me pregunté ¿por qué tanto privilegio para algunos y para nosotros no?”, comenzó explicando Elsa Laudín, en relación a cómo se resolvió el caso de intrusión de Itaembé Miní, donde en menos de una semana el juez de turno, Fernando Verón, determinó desalojar a las personas al presentarse el propietario con la documentación que acreditaba su posesión. Luego siguió diciendo que “fue un impacto muy fuerte ver cómo se trató este nuevo caso de intrusión, porque es una verdadera injusticia la que estamos padeciendo con nuestros terrenos, que fueron usurpados el 2 de mayo de 2013. Es que hicimos en tiempo y forma la denuncia correspondiente con la documentación que avala que es propiedad de nuestra familia desde hace muchísimos años. Hubo una orden del juez César Yaya, del 20 de agosto de 2013, para que los desalojen y nunca se cumplió. En cambio, acá en cinco días resolvieron un problema idéntico, de la misma naturaleza: fue la Policía, llevó la orden, comunicaron a la gente que debía retirarse y así fue”. Elsa fue siempre la cara visible de la familia Laudín en esta lucha que mantiene por recuperar los terrenos que les pertenecen desde hace muchas décadas. En esta ocasión estuvo acompañada por uno de sus hermanos, José Armando, quien resaltó que “el último año actuamos muy tranquilos, porque confiábamos en que la Justicia en algún momento iba a desalojar a esta gente, pero nos desilusionamos porque no avanzó en nada. Este año vamos a arbitrar todos los medios para que esto no quede así. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, no vamos a permitir que esto quede como si nada pasó. Esas tierras nos corresponden desde todo punto de vista, tenemos el título de propiedad y pagamos los impuestos”.Los Laudín exhiben la documentación judicial que fueron acumulando desde el primer momento, correctamente ordenada por fechas, y se detienen en las últimas hojas, donde la Fiscalía de Instrucción 2, con fecha del 18 de febrero, solicita al juez César Yaya que informe sobre el estado de la causa sobre usurpación de inmuebles. “Él (por el juez Yaya) nos dijo que esto es político y que no puede hacer nada ante la política. Nos mostró debilidad. Yo no quiero confrontar con nadie, mi familia tampoco, sólo queremos recuperar los terrenos que son nuestros desde 1932. Decir Laudín es decir Miguel Lanús, porque mi familia siempre fue de ahí, mi papá nació allí, estamos hablando de El Alero hasta la costa. Ese pedacito de terreno es de toda la familia”, apuntó Elsa.“Trato igualitario”José Armando vive actualmente en Corrientes, pero se crió y jugó en los terrenos en los que hoy no puede entrar. “Vengo asiduamente a visitar a mis hermanos y me genera una gran impotencia esta situación. Nosotros tenemos el mismo derecho que el o los propietarios de los terrenos de Itaembé Miní para que nos devuelvan nuestros terrenos. ¿O somos kelpers, ciudadanos de segunda? Porque no actuaron de la misma manera cuando intrusaron lo nuestro. ¿Cuál fue el motivo, qué intereses hay detrás de todo esto?”.Elsa se toma un respiro, agobiada por la situación que a veces la desborda al extremo que sus ojos se llenan de lágrimas. “De ninguna manera queremos que esto se vuelva político, pero chocamos con esa respuesta cada dos por tres: ‘Es una cuestión política de más arriba’; ‘el juez dio la orden pero no el horario para el desalojo’… son simples excusas. En su momento le pregunté al jefe de la Policía, una persona muy correcta, qué había pasado y me expresó que no podían actuar si no les daban la orden correspondiente. Es decir, que casi todos se lavan las manos. Adonde voy con mi reclamo me atienden muy bien, pero nadie nos da ninguna solución. Sólo queremos nuestros terrenos y estar en paz. La responsabilidad o problema habitacional con la gente es asunto del Gobierno”, culminó. Obligaciones y derechosLos ocupantes de los terrenos de los Laudín levantaron inicialmente precarias casillas, pero “hoy se están construyendo casas de material con encadenado, tienen servicios de luz, agua y hasta Internet. Cuando -por ejemplo- vienen las tormentas fuertes, después van, les arreglan las casas y les dan todos los beneficios. Ya pasa por una cuestión política”, apuntó Elsa Laudín.Por su parte, José Armando reflexionó: “Este caso es vox populi, el caso Laudín llegó a todas las esferas de la política y de los funcionarios públicos, que tienen la obligación de intervenir en este tema y no lo hicieron. Somos ciudadanos comunes y, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos que en este caso no fueron respetados”.Por último recordó Elsa que “llegué a hablar hasta con el ministro (de Gobierno) Jorge Franco, me reconoció que la situación era grave, pero no me dio mucha esperanza”.
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