WASHINGTON, Estados Unidos (Agencias y diarios digitales). La batalla migratoria se recrudece en Estados Unidos: un juez federal ha suspendido temporalmente las medidas ejecutivas ordenadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a unos cinco millones de indocumentados. La Casa Blanca no tardó en reaccionar y anunció ayer que el Gobierno apelará el fallo, puesto que considera que Obama actuó “dentro de su autoridad legal”.“La decisión del tribunal federal impide erróneamente que se implemente esta política legal y de sentido común, y el Departamento de Justicia indicó que apelará dicha decisión”, agregó el portavoz de Obama, Josh Earnest, en un comunicado. No está claro sin embargo cuándo se presentará la apelación, que deberá ser atendida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans.Pese a que la lucha legal no hizo más que comenzar, la decisión del juez Andrew Scott Hanen, de la corte federal de Brownsville, Texas -el Estado que encabezó la demanda- paraliza por el momento las medidas migratorias que estaban a punto de comenzar. Hoy se abre el plazo para extender la Acción Diferida para jóvenes llegados en la infancia (Daca), el popular programa que desde 2012 permitió a más de medio millón de jóvenes indocumentados frenar su deportación y obtener un permiso temporal de trabajo. A este paso le debía seguir, en los próximos meses, el inicio de un nuevo programa para conceder permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente, conocido como Dapa, un plan que estaba previsto que empezara a implementarse en mayo.En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por 26 Estados contra las acciones ejecutivas argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, hecho por el cual ha concedido “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta “una orden ulterior de este tribunal”.“Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella”, subrayó Hanen, que dice coincidir con los demandantes en que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción “virtualmente irreversible”. Según un análisis del instituto demoscópico Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados que se podrían beneficiar de las medidas de Obama, 2,3 millones de personas, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.El magistrado, conocido por otras resoluciones críticas con la política migratoria, considera que la Administración no llevó a cabo los procedimientos básicos exigibles para aplicar el plan migratorio. Además, le reprocha al Gobierno que no haya sido capaz de un mayor control de las fronteras, lo que ha agravado el problema de la inmigración ilegal, según detalla The New York Times. En esa línea, apoya la queja de los Estados en relación con el coste que ya les supone la lucha contra la inmigración irregular.La base de la demanda era la convicción de los Estados que la presentaron de que con las medidas migratorias Obama había “sobrepasado” los poderes que tiene como presidente y fallado así en su obligación en garantizar que las leyes son cumplidas. El gobernador de Texas -que fue quien presentó la demanda el año pasado, cuando todavía era el fiscal general de ese Estado- Greg Abbott, saludó la decisión judicial. “El presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de Estados Unidos en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso, y la decisión de Hanen le pone freno”, señaló en un comunicado.Pese al revés, las organizaciones que apoyan la reforma migratoria se han apresurado a afirmar que continuarán trabajando para que las acciones ejecutivas de Obama entren en vigor.“Esta no es más que la primera ronda de un largo proceso legal”, ha señalado Apolonio Morales, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (Chirla, por sus siglas en inglés).“Confiamos en que el sistema judicial acabará rechazando esta demanda sin fundamentos que no hace más que malgastar dinero de los contribuyentes, priva de derechos a trabajadores inmigrantes y sus familias y priva a los Estados de ingresos muy necesitados”, añadió.Para Lupe López, de la Alliance for Citizenship, la demanda presentada por los 26 Estados no es más que una “táctica para provocar miedo” impulsada por fiscales y gobernadores antiinmigrantes que pretenden “ahuyentar a los inmigrantes que podrían solicitar” las medidas ejecutivas, pero que no tendrá éxito, sostuvo.
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