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Detienen a empresario por violencia familiar

27 noviembre, 2014

POSADAS Y OBERÁ. Promediando la tarde de ayer, se dispuso la orden de detención del empresario arenero Carlos S., quien apareció en un video agrediendo a su exesposa Nancy Chamula y quien fuera denunciado en reiteradas oportunidades por violencia familiar. La orden fue emitida por el juez de Instrucción 7 de Posadas, Carlos Giménez, quien entiende en la última denuncia por la agresión en San Ignacio el pasado fin de semana.Según el comisario mayor Daniel Montero, jefe de la UR de Jardín América, a cargo del operativo, se detuvo al empresario alrededor de las 22.30 de ayer en una estación de servicios a bordo de una camioneta Toyota Hilux en compañía de su hermano, mediante un operativo cerrojo en el acceso a la localidad de San Ignacio, donde se movilizaba a bordo de un vehículo particular. La fuerza lo identificó y detuvo, cumpliendo con la orden judicial, tras haber montado un operativo en el domicilio de Oberá como en los alrededores de San Ignacio donde posee una arenera y vivirían familiares.Paralelamente, personal del Centro de Capacitación Judicial estuvo ayer en Oberá accionando el botón de pánico en el celular de la denunciante, que funciona con un software elaborado por personal del organismo que pertenece al Superior Tribunal de Justicia. Así lo confirmó el secretario de Acceso a la Justicia del STJ, Fabián Oudín, a PRIMERA EDICIÓN, quien ayer se reunió con Chamula para conocer su situación y la acompañó desde las 18 a declarar ante la jueza Teresa del Carmen Hedman.Oudín consideró también que “a mi entender, a raíz de este hecho, el agresor debería ser detenido”. El video de la agresión -disparador del caso en los medios que permitió agilizar el accionar judicial para protección de la agredida- recorrió los diferentes medios de comunicación nacionales gráficos y televisivos, como también las redes sociales, donde los usuarios expresaron su indignación ante las violentas escenas.Trascendió de fuentes judiciales que el STJ pediría un informe pormenorizado de las actuaciones que cada juzgado llevó adelante tras las denuncias de Nancy Chamula. La última agresiónPero el impacto y trascendencia del video tuvieron muy poca relación con el modo en que los organismos involucrados trabajaron en Misiones para poner a salvo a esta mujer. Promediando la mañana de ayer, desde la Comisaría de la Mujer de Oberá todavía seguían intentando comunicarse telefónicamente con Chamula. Es decir, que a tres días de ocurrido el último violento hecho -que no es el primero- que le pudo haber costado la vida a esta mujer, y a casi 24 horas de que tomara estado público junto con el video, tanto el accionar policial como el judicial en Oberá distaron mucho de la inmediatez. Según la propia Policía de Misiones, respecto al hecho ocurrido en San Ignacio el fin de semana, “la denuncia fue formulada por la ciudadana Nancy Ch., quien manifestó que el día domingo 23 de noviembre, en oportunidad que se encontraba en el Club del Río, fue agredida físicamente y amenazada, por su expareja Carlos S., un comerciante de la ciudad de Oberá”. Agregó que “el médico policial que la examinó constató que la víctima presentaba traumatismo de cráneo y facial con excoriaciones varias, tiempo de curación estimado en 21 días”.Finalmente, indicó que “con conocimiento e intervención del juez de Instrucción de turno, el acusado fue notificado de la causa judicial iniciada y de la restricción de acercamiento hacia la mujer, continuándose con las investigaciones a los fines del total esclarecimiento del caso”.A pesar de la contundencia del informe policial sobre la denuncia radicada por Chamula en San Ignacio, Martín Moreira, abogado del empresario acusado manifestó a Radio Libertad que “estamos ante una denuncia fabulada” y que “no se puede linchar socialmente a una persona con una denuncia falsa. Él me decía ayer (por el martes) que estaba destruido. Pido cautela, entiendo que puede haber imágenes que causen sensibilidad pero para eso existe el aparato judicial”.Sobre el video, dijo que hay una causa penal pero que “eso es una cosa, es punto y aparte. Cualquiera puede cometer un error. Y si lo cometió, debe pagar por ese error. Pero lo de este fin de semana no existió”.Horas después, con el pedido de detención de su defendido, Moreira pudo anoticiarse del hecho y de sus consecuencias físicas sobre la denunciante. Un cambio de paradigma urgente Hace un año y 22 días entró en funcionamiento la Línea 137 del programa “Las víctimas contra las violencias”. El mismo es la materialización del trabajo que realiza la especialista Eva Giberti en Buenos Aires. Hasta la fecha han recibido 9.500 llamadas y han realizado 950 intervenciones en campo. Esto es, acudir de inmediato al rescate de mujeres y sus hijos que son víctimas de violencia. Su coordinadora operativa, Carolina Caspari, resaltó que “gracias al trabajo en redes con otras instituciones, hemos logrado que en una misma mañana o en 24 horas se logre una orden de restricción o expulsión del hogar al agresor”. Pese a estos avances, todavía hay policías que siguen trabajando con poco compromiso en las comisarías de Misiones. Algunos se niegan a tomar la denuncia y sólo generan una exposición, que no tiene continuidad judicial, porque la mujer no tienen pruebas físicas de la agresión. Como si su testimonio no fuera ya prueba suficiente para la denuncia.Ante estos casos, algunas víctimas acuden directamente a la sede de la Línea 137 (calles Córdoba y Félix de Azara de Posadas) para pedir ayuda. También, según señaló Caspari, hubo casos de familiares o víctimas de violencia que llamaron desde otras localidades pidiendo ayuda y son atendidos.Ayer, coincidentemente con el lamentable hecho, se anunció que mañana se pondrá en funcionamiento la Línea 137 en Oberá.No más violenciaChamula publicó el martes el video. Ese mismo día por la tarde, cientos de mujeres y hombres, niños y niñas marcharon para repudiar la violencia de género, esa que en cada barrio pone en riesgo, lastima y mata a madres e hijos. Las adhesiones al Día Mundial contra la violencia hacia las mujeres se evidenciaron en las plaza 9 de Julio de Posadas, donde se mostraban carteles pidiendo justicia por los femicidios en Misiones -en lo que va de 2014 son ocho-, los casos de violencia obstétrica, los golpes y las amenazas. Situaciones como en la que hoy se ve envuelta Chamula se pueden contar de a
decenas en Misiones y en el país. Todas dan cuenta de causas dilatadas y de un compromiso débil por parte de gran parte de los funcionarios judiciales. “Apelo a la sensibilidad de los funcionarios judiciales, de no esperar, que las decisiones sean urgentes”, dijo Fabián Oudín, secretario de Acceso a la Justicia del Superior Tribunal. Inoperancia judicialEn coincidencia con el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, el martes comenzó un juicio emblemático por un femicidio en la localidad de Azul, Buenos Aires. El caso pone en primer plano la ineptitud de funcionarios judiciales para proteger a las mujeres. Graciela Tirador, contadora muy conocida en Olavarría fue asesinada a golpes en su casa el 13 de enero de 2013. Su exnovio, Luis Pablo Barbato, un jubilado de 64 años, la ultimó con un bate de béisbol. Por ello, el martes comenzó a ser juzgado por su femicidio por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul.“Este hombre ya tenía denuncias previas por violencia de relaciones anteriores, pero nunca se cruzaron datos, ni se la interrogó en detalle a mamá de la situación. No se hizo una evaluación de riesgo”, señaló Carla Melotto, hija mayor de Graciela, a Página 12.“Nos pasó a nosotros como le puede pasar a cualquiera. Siento la obligación de hacer algo para que esto ayude a otra gente. A mi mamá no me la van a devolver, pero quizás, la gente que piensa que nunca le va a pasar, que nunca va a estar en esta situación de violencia por su nivel económico, social o profesional, tome conciencia”, agregó Carla. El caso tiene muchas similitudes con el de Chamula, principalmente la operatoria judicial, que no extrema medidas. Esperemos que no termine igual. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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