BUENOS AIRES (Especial de NA, por Sergio Farella). Un paro con movilización del gremio judicial, una acusación por supuesto espionaje desde la Procuración General de la Nación hecha por un fiscal, la indagatoria a dos funcionarios cercanos a Alejandra Gils Carbó y denuncias por manipulación de un concurso para ocupar dos cargos de fiscal configuraron un complejo escenario para la procuradora en los últimos días. La semana pasada fue una de las más difíciles para la Procuradora Alejandra Gils Carbó en su gestión que comenzó hace más de dos años, y la historia sigue abierta: tanto en su entorno íntimo como aquellos a quienes está enfrentada políticamente aseguran que la puja continuará.Lo que cambió desde hace tiempo es que la “guerra” ya es abierta y sin sutilezas, pues fracasó un intento de acercamiento que hubo por parte de Gils Carbó hacia algunos funcionarios del quinto piso de Comodoro Py, donde funcionan las Fiscalías, y está cortado todo tipo de diálogo.“Se seguirá tirando al blanco”, graficó un funcionario con años de experiencia en Comodoro Py y que se relacionó con varios procuradores generales, jefes de fiscales: la referencia es que tanto Gils Carbó como sus aliados seguirán estando en la mira por acusaciones o sospechas de irregularidades.En el medio, sigue la discusión en el Congreso sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Ejecutivo: las críticas más fuertes de jueces y fiscales indican que será una herramienta para que la Procuración contrate masivamente personal para dotar a las fiscalías que políticamente le responda a la jefa de los fiscales, a quien se vincula fuertemente con el Poder Ejecutivo, incluso a partir de su participación en la agrupación “Justicia Legítima”. El otro punto objeto de críticas es un artículo del proyecto: “Facultase al Procurador General de la Nación y al Defensor General a disponer lo concerniente a la forma en que se hará la asignación de nuevas causas a las fiscalías y defensorías creadas en esta ley, como así también a la redistribución de las existentes”, establece.En el entorno de Gils Carbó señalan que, de aprobarse el nuevo Código Procesal, significaría una pérdida de poder para los fiscales y que lo de esta semana fue una clara reacción de temor ante ese panorama. “Son juegos de poder constantes y se van a reposicionar”, estimó uno de los principales juristas que asesoran a Gils Carbó.Otro fiscal de la mesa chica de “Justicia Legítima” también consideró que hay una reacción de algunos fiscales porque “no quieren compartir el poder” y vaticinó que, de implementarse el nuevo Código, la toma de decisiones se repartirá en varias manos y no en una sola como ocurre ahora.A mitad de semana, un fiscal de instrucción, Augusto César Troncoso, denunció que se lo estaba espiando desde la Procuración General: dijo que en sumarios en su contra por presunto mal desempeño en causas por violencia de género se citaron dictámenes de su autoría que eran reservados.Según acusó, se habría hecho mediante la utilización de sistema informático fiscalnet. Las medidas ahora las analiza el juez Rodolfo Canicoba Corral.En la Procuración negaron cualquier tipo de espionaje y aseguraron, en la página fiscales.gob.ar, que el Programa de Género “realiza un seguimiento de todas las causas y recibe copia de los legajos de la Oficina de Violencia Doméstica”.
Discussion about this post