POSADAS. Una nueva instancia superó el expediente por el caso denominado “SIP Armas”, que investiga la muerte de dos empleados de esa empresa de limpieza. Tras la elevación a juicio de la causa y el correspondiente recurso presentado por la defensa de los tres imputados, la Cámara de Apelaciones provincial ratificó el requerimiento fiscal y envió el caso a debate oral y público. Sin embargo, ante una nueva apelación, será ahora el Superior Tribunal de Justicia el que deba resolver.Así lo pudo saber PRIMERA EDICIÓN en base a sus fuentes, que revelaron que días atrás la Cámara confirmó lo actuado en su momento por el fiscal Christian Antúnez y el magistrado César Yaya. Ahora, si el STJ ratifica la resolución de la Cámara de Apelaciones, sólo quedará una instancia para los imputados: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Los tres acusados por la Justicia son dos mujeres que al momento de los hechos eran socias gerentes de la firma en cuestión y un empleado jerárquico. Todos fueron imputados formalmente por el delito de “homicidio culposo”, establecido en el artículo 84 del Código Penal Argentino, que prevé penas de seis meses a cinco años de prisión al “que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.Al menos para la instrucción, el trío es responsable penalmente por la muerte de Ricardo Enrique Caballero (19) y Andrea Itatí Pérez (27), quienes eran empleados de la empresa, dedicada a la limpieza y también a la seguridad privada, y fallecieron en mayo de 2008.Según consta en el expediente, la primera víctima fue el joven. El 17 de mayo de 2008 Caballero realizaba su trabajo en un geriátrico de Miguel Lanús, al sur del Gran Posadas, cuando comenzó a sentirse mal. Enseguida fue derivado de urgencia al hospital Madariaga, donde lamentablemente falleció unas cuatro horas después.La misma suerte corrió Pérez, quien era una de las empleadas de la firma encargada de asear los pabellones de ese centro asistencial. Ese mismo día la joven fue hospitalizada bajo el mismo cuadro que Caballero. Permaneció internada una semana, hasta que su cuerpo dijo basta. Sus tres hijos, entonces de 3, 4 y 10 años, habían perdido a su madre.Hasta ese momento no se tenía certezas sobre los motivos de las muertes, aunque las autopsias comenzaban a develar la verdad: paro cardiorrespiratorio y edema cerebral.Llamó la atención que en los días siguientes otros cuatro empleados de limpieza de la firma debieron ser internados bajo el mismo cuadro, por lo que se inició una investigación que dio a conocer el trasfondo de lo que ocurría.Así fue como la Justicia determinó que, unos pocos días antes de la muerte de Caballero y Pérez, desde la empresa habían comenzado a utilizar un “polvo blanco” en reemplazo de la tradicional lavandina líquida. Justamente, tanto las víctimas fatales como los otros cuatro internados habían diluido ese producto semanas antes de caer en desgracia.La investigación forense fue determinante y allanó el camino de la Justicia: las víctimas habían sufrido intoxicación masiva luego de inhalar y estar en contacto con altos niveles de cloro.A principios de febrero de 2011, el juez Yaya entendió que la evidencia recolectada en la instrucción era suficiente y procesó a los tres imputados por “homicidio culposo”, a los que acusó de “imprudencia”. Ese auto de procesamiento fue apelado y el STJ resolvió después de varios meses. Fue entonces que el fiscal Antúnez pidió la elevación a juicio en septiembre del año pasado, la cual ahora fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.Desde el momento de los hechos los familiares de los jóvenes llevan adelante una dolorosa lucha en pedido de justicia. Ahora esa “carrera contra el tiempo” parece haber ganado algunos metros.
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