Trabajadores del Tribunal de Cuentas se declararon en estado de asamblea

POSADAS. Afiliados a la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), trabajadores del Tribunal de Cuentas de Misiones decidieron ayer declararse en estado de asamblea permanente “en el marco de los derechos laborales y gremiales que nos asisten, ante la falta de respuestas” a las diferencias salariales que existen entre un grupo de elite (que cobra retribuciones atadas a los salarios del Cuerpo) y el mayor porcentaje de agentes.Desde que las diferencias se hicieron conocidas en PRIMERA EDICIÓN, ninguno de los integrantes del Tribunal (su presidente Pedro Perpetuo Forés, Eduardo Bruno Paprocki o Silvia Machado de Comparin) tomaron la decisión de recibir a los integrantes de la comisión de Apoc. Por el contrario, trascendió que se habrían molestado por la aparición pública del reclamo.“La creación de cargos conocidos públicamente como ‘cargos VIP’ en la planta de personal del Tribunal de Cuentas provoca una injusticia interna que se torna inaceptable para los trabajadores que integramos el actual escalafón. Se trata de un hecho tremendamente inequitativo que afecta nuestra dignidad haciéndonos sentir que en el organismo existen trabajadores de primera y de segunda. Mientras los primeros perciben retribuciones atadas porcentualmente en un 90% a los sueldos de los miembros del Cuerpo del Tribunal de Cuentas, los segundos percibimos retribuciones  significativamente menores y liquidadas sobre la base de un decreto de confusa legalidad (PEP 32563/92)”, indicaron desde la seccional Misiones de Apoc.Agregaron en el documento emitido a los medios de comunicación que “pese a nuestro permanente peregrinar por los distintos poderes del Estado provincial los trabajadores del Tribunal de Cuentas seguimos sufriendo -desde hace ya varios años- la falta de voluntad política e institucional para el restablecimiento del régimen salarial que nos corresponde y que se encuentra previsto en la Ley I-Nº45. Ello, afecta nuestra dignidad como trabajadores del control público, en primer lugar, porque al no contar con la aplicación de dicha ley se nos cercenan derechos adquiridos precarizándonos laboralmente y, en segundo lugar, porque esa misma precarización afecta nuestra autoridad moral para el pleno ejercicio del control externo de legalidad que nos compete cumplir en las haciendas públicas pertenecientes al Estado provincial y a los Estados municipales”.