POSADAS. La prioridad en el gasto de los recursos públicos que tiene el Gobierno provincial volvió a ser motivo de críticas ayer por parte de los diputados opositores, quienes señalaron que el presupuesto del Ministerio de Derechos Humanos para el próximo año es, a todas luces, escasísimo frente a las necesidades y las responsabilidades que tiene.De un total de 23 mil millones de pesos para gobernar la provincia, la cartera conducida por Edmundo Soria Vieta sólo contará con 28 millones.De ellos, 15 millones los manejará la Unidad Superior y serán para pagar sueldos, bienes de capital, comprar algunos insumos, hacer promoción de derechos, folletería, pensiones para excombatientes, jornadas de capacitación y gastos del plan Hambre Cero. Las mamás integradas en este programa reciben una tarjeta con la pequeña suma de 250 pesos por mes para comprar alimentos.Los otros trece millones corresponden a la Dirección de Asuntos Guaraníes, para atender a una población de 7.500 habitantes de las comunidades originarias durante todo 2015, lo cual dará un cálculo de sólo 144 pesos por mes para cada individuo, lo que equivale a menos de 5 pesos por día para cada habitante mbya. Con ello, según explicó el director, Arnulfo Verón, se les asiste con ropa, frazadas, alimento y educación, entre otros.Por afuera del presupuesto del Ministerio de Derechos Humanos hay un monto de 78 millones de pesos para el programa Hambre Cero, para una población de casi 11 mil personas, pero con recursos que vienen de Salud Pública, el Iprodha, Desarrollo Social, Vicegobernación y organizaciones no gubernamentales, entre otros. En este aspecto, se le criticó al ministro que no se centralice todo en su cartera, pero él explicó que no tiene capacidad administrativa para contratar obras y hacer compras.Transporte: hacen lo que quierenUna de las obligaciones del Ministerio es velar por el derecho de los discapacitados y en este marco se le consultó a Soria Vieta por los incumplimientos de las empresas de transporte de llevar a discapacitados que presentan carnet. Contundente, el ministro dijo que “las empresas de transporte hacen lo que quieren, es responsabilidad de la autoridad”, en referencia al subsecretario de Transporte, Hermes Almirón.“Alguna vez debería sancionar con dureza, no una multa de mil pesos que para ellos es un vuelto. Se les debería obligar a cumplir que el 10% de las unidades tengan rampas para discapacitados y si no cumplen, que se suspenda la concesión”, enfatizó.Niños judicializadosPor otra parte, por iniciativa de la diputada radical María Losada, se discutió el tema de los hogares no gubernamentales que tienen la tutela de niños y que en algunos casos no cumplen con el correspondiente cuidado. Se habló de El Refugio, que tiene una denuncia penal en contra -dijo la diputada- y de otros dos casos: uno en Montecarlo donde hubo chicos violados y otro en Eldorado, donde hay denuncias contra los administradores por violencia. Losada cuestionó el accionar de los jueces penales, que delegan a los chicos en los hogares y luego se desentienden, y por otra parte la falta de control y de acción del Ministerio en estos casos, cuando las víctimas no tienen contención ni asistencia del Estado. En la misma línea, dijo que sería mejor que el Estado se haga cargo, porque además debe rendir cuentas, en lugar de entregar chicos y dinero a muchas ONG que no cumplen su obligación.En ese marco, se cuestionó que para 2015 se presupuesten 39 millones de pesos para ONG, dinero que el gobernador Closs podrá repartir a discreción, sin ningún tipo de criterio.
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