OBERÁ. Si bien hace años que vienen desarrollando su tarea de venta de chipas, en los últimos días la Municipalidad local inició estrictos controles contra los vendedores del rubro, exigiéndoles que abandonen la actividad en la zona céntrica.Carlos Leal, propietario de una de las tres fábricas que tiene la ciudad, denunció en diálogo con la emisora local La Radio que “no quieren que trabajen. Intiman, amenazan y hasta decomisaron mercadería”.Leal elabora el producto desde hace más de cuatro años y es la primera vez que sus trabajadores son perjudicados por este tipo de controles. “Todos cumplen con los requisitos. Son chicos que trabajan, necesitan, no molestan a nadie. Que exijan algunas cosas, pero que dejen trabajar”, enfatizó. Para la venta de chipas cuenta con 20 personas, que sumadas a quienes trabajan para las otras productoras, sería un total aproximado de 70 personas.Según manifestaron los trabajadores, no les permiten tener puestos fijos, sino que los obligan a circular, a ir a los barrios. “El problema es que yo tengo problema de salud, me vinieron a decir que me vaya, entonces les manifesté que tengo problemas de columna y no puedo andar acarreando el canasto, a lo que me contestaron que si no me iba, se llevarían mi mercadería. Yo sólo quiero trabajar”, reclamó uno de los chiperos ubicados en la plaza San Martín.Francisco Penz, director de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad, explicó que hacen “controles de rutina. Es para adecuar el rubro: una cosa es ser vendedor ambulante y otra es tener puesto fijo. Sólo les invitamos a regularizar la situación. Deben tener vestimenta adecuada, carnet sanitario, curso de manipulación de alimentos, etc.”.La chipa es considerada un producto artesanal y pertenece a los panificados, por lo que tiene bajo riesgo de contaminación y eso permite que se venda en la calle, “pero deben hacerlo dentro de canastos higiénicos, en bolsitas con inscripción de quién las elabora y no pueden anexar empanadas o sándwiches, que tienen otras exigencias de conservación”, explicó. Si bien varios trabajadores se quejaron por el accionar autoritario, el funcionario aseguró que “no aplicamos sanción, estamos recomendando y si hacen caso omiso, notificamos al Tribunal de Faltas, que es quien sanciona. No queremos que dejen de vender o pierdan su trabajo. Esto es parte de salud pública y tarea de prevención. Nuestro trabajo es ayudarlos, no complicarlos, pero no podemos hacer caso omiso si no cumplen ciertas medidas. Hay un reglamento para todo tipo de venta. Pedimos que se acerquen y se adecúen a la ordenanza”, justificó el funcionario municipal.
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