POSADAS. El decreto que determina la implementación del “Sistema Provincial de Verificación Técnica Moto Vehicular Obligatoria” comienza a generar choques de competencia e intereses por el tema jurisdiccional, a poco menos de diez días de ser publicada en el Boletín Oficial, lo que hace presagiar que no será tan inmediata su aplicación, como era la premisa del ministro de Gobierno, Jorge Franco, en declaraciones a PRIMERA EDICIÓN el pasado 22 del corriente.Ocurre que en el ámbito de la Municipalidad de Posadas se encontraría el 80% del parque actual de motovehículos de la provincia, estimado en unos 140 mil de acuerdo a los propios datos aportados por el ministro de Gobierno, lo que representa una cifra más que interesante a la hora de recaudar, que dejaría de percibir así como hoy están planteadas las cosas, porque el decreto provincial designó como autoridad de aplicación a la Policía de la Provincia de Misiones, que deberá crear un área específica a sus efectos, dentro de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, la que tendrá a su cargo la supervisión técnico-administrativa de todas las actividades realizadas por los permisionarios. Sin embargo, la Comuna posadeña lejos de quedarse de brazos cruzados, está dispuesta a “defender” sus “derechos” esgrimiendo como principal sustento que ya contaba con una ordenanza aprobada sobre el mismo tema. El secretario de Gobierno posadeño, José Moglia, dijo que “justamente nosotros estábamos trabajando para la implementación, en nuestro ámbito, de la verificación técnica de las motos con una ordenanza que ya había sido aprobada a finales del año pasado cuando surgió este decreto provincial. Ahora estábamos iniciando un proceso licitatorio para los talleres de verificación técnica municipales cuando surgió este decreto provincial. Entendemos la necesidad del control necesario para que las motos circulen con todas las normativas que exige la ley, desde cuando me desempeñaba como concejal y lo ratifico desde mi función actual”.Apuraron el trámiteUna fuente cercana al Gobierno confió que en el caso de Posadas “no se animaron a poner en vigencia (la ordenanza) porque había generado mucho rechazo de la gente que utiliza ese medio de transporte, era como un impacto negativo muy grande. Incluso la ordenanza había sido objetada por el Departamento Ejecutivo Municipal, pero como se sabía a voces que estaba avanzado en la Cámara de Diputados ahora se apresuraron para ponerla en funcionamiento porque no contaban que el Gobierno le entregue a la Policía el control de los centros de verificación y todo lo demás”.A la Comuna de Posadas se sumaría un planteo similar de Eldorado, donde existe una ordenanza aprobada para la verificación técnica de motos desde abril del año 2013 que no fue puesta en vigencia.Moglia, en tanto, anticipó los pasos a seguir por la comuna posadeña y apuntó que “ahora deberemos reunirnos con el ministro de Gobierno para sentarnos y analizar para que no existan problemas de competencias municipal y provincial, para que los talleres cumplan ambas funciones”, disparó. Además, “lo que salió por decreto provincial es para las motos que circulan en las rutas provinciales, pero en el marco de la competencia en el caso de la ciudad de Posadas debería respetarse las ordenanzas ya vigentes”, indicó.Incluso Moglia fue más allá y dijo que no retomaron la aplicación de la ordenanza a partir del decreto, “estábamos en el proceso licitatorio, había cuatro personas interesadas, de la zona norte de la provincia y de acá de Posadas que ya se habían acercado a la Secretaría de Gobierno para ver la situación, las condiciones existentes”.Hoy, entre tantas idas y vueltas, nadie se anima a hablar del monto que habrá que abonar por el pago de la verificación técnica de las motos. “Sería inoportuno en este momento porque hay que saber cuantos talleres habrán en Posadas, que serían dos y dentro de cada uno de ellos la capacidad operativa, con las cintas de prueba y otros elementos. Estábamos en etapa de análisis…”, destacó Moglia, mientras que el ministro de Gobierno se había animado a decir que “sería mucho menor que los automóviles”, sin dar una cifra aproximada, aunque se estima que puede rondar entre los 60 y 120 pesos.Lo que Moglia deja en claro es el tema de las jurisdicciones y volvió a insistir en que “primero debemos hablar con el Ministerio de Gobierno para coordinar las acciones para que no pase como ocurrió al principio con la verificación técnica vehicular de los autos que existía una provincial y otra municipal, eso debe quedar claro”.Sobre el parque motovehicular existente en la actualidad en Posadas, el secretario de Gobierno municipal dijo que “habrían unas 110 mil motos, porque somos el mayor centro exponencial de la provincia. El crecimiento que tuvieron las motos en los últimos años fue tremendo, superior a cualquier lugar de la provincia”.Remate de motos postergadoPor otro lado, para la última semana de agosto -que concluye hoy- estaba previsto el remate de las motos que se encuentran en el corralón de tránsito de la Municipalidad de Posadas desde hace varios años, pero el mismo deberá seguir esperando.“Estamos avanzando con los pedidos de autorización para el remate, los cuales están plasmados en el Tribunal de Faltas, que nos debe dar el visto bueno y a partir de ahí se publicarán los edictos. En este caso tenemos 250 motovehículos aproximadamente que se encuentran en situación de chatarra y que van a salir a remate exclusivamente así, porque no están en condiciones de ponerlas para circular. Son vehículos que están totalmente deteriorados y anteriores al año 2008, que realmente provocan un costo importante, porque están ocupando un espacio que lo pagamos entre todos y están produciendo una contaminación ambiental, siendo un criadero de vectores, cuando por otro lado estamos haciendo una campaña alentando a la no acumulación de chatarras para evitar las enfermedades tropicales”, explicó José Moglia.El remate se haría en lotes, el martillero actuante los organizaría y saldría a remate, “estimo que en cinco o seis lotes, porque es exclusivamente chatarra, para quienes se dedican a esa actividad vengan, evalúen si les sirve. Será una subasta abierta en la que podrán participar todas las personas interesadas”, apuntó Moglia.Sobre los nuevos plazos, el funcionario se negó a estimarlos “porque me qued&
amp;eacute; corto. Veremos si podemos concretar antes de octubre”.
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