BUENOS AIRES (DyN). La similitud entre el “Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos” de la República Bolivariana de Venezuela y el proyecto de ley que busca instrumentar “un régimen sobre una nueva regulación de las relaciones entre producción y consumo” en la Argentina es de referencia conceptual antes que práctica.Con diferencias en cuanto a los procedimientos, en ambos casos las legislaciones apuntan al control estatal sobre el sector privado, con miras al establecimiento de precios fijos.Así, en ambos casos se impone que el Estado será el encargado de analizar las estructuras de costos empresarios, la fijación de márgenes de utilidad y los volúmenes de producción, junto a diferentes controles y penalidades para quienes no cumplan con la normativa. “La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancias y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial”, dice la norma chavista.En la misma línea, la reforma local apunta a determinar “el rol del Estado en el proceso de regulación de la formación de precios dentro de la cadena de valor” y expresamente señala que se busca “evitar abusos y la apropiación indebida de los excedentes de la cadena de valor”.En ese sentido, el kirchnerismo señala al unísono que esta ley integra un paquete que apunta a proteger a los consumidores, mientras que la legislación venezolana plantea objetivos similares y de modo específico alude al cuidado “de los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores”.Otra cuestión parecida se observa en el caso de la reforma de la Ley de Abastecimiento local, que designa “expresamente” a la Secretaría de Comercio Interior como “Autoridad de Aplicación”.En tanto, en Venezuela, la misma Ley de Precios Justos creó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), que avanza en materia de controles con atribuciones y facultades discrecionales.El proyecto que se discute en el Senado, le otorga a la Secretaría de Comercio también poder discrecional para que fije “márgenes de utilidad, valores de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.Según el texto, las autoridades podrán “dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”, disponer “la continuidad” o no de los procesos productivos, “acordar subsidios”, “obligar” a la venta de la producción y “exigir la presentación de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios”. Como elemento diferenciador, mientras la legislación venezolana impone un “procedimiento expropiatorio” para consolidar “el orden económico socialista productivo”, a la inversa, la letra del proyecto argentino “propone suprimir” las disposiciones de la vieja Ley de Abastecimiento argentina “sobre expropiación, intervención de empresas, suspensión de patentes y prisión”.
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