POSADAS Y SAN VICENTE. La empresa Servicios Comunales SA, con base en Rosario (Santa Fe), es la elegida por el intendente renovador de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, para cobrar como gestión externa al Municipio la polémica Tasa de Publicidad, hoy en manos de la Provincia.Sin embargo, los ediles sanvicentinos se aprestaban anoche a votar por unanimidad una serie de pedidos de informes a diferentes organismos a fin de conocer los antecedentes empresariales, económicos y judiciales que tiene la elegida de Dos Santos.PRIMERA EDICIÓN pudo constatar en la página del Banco Central que Servicios Comunales -con el CUIT 30710632495- tiene 176 cheques rechazados por un total de 1.387.209 pesos. Se encuentra en categorías 4 y 5 ante unos siete bancos con los que opera. Es decir, con carácter de “con alto riesgo de insolvencia” e “irrecuperable”, respectivamente.Pero no es todo: el intendente oficialista de Mártires, Jorge Goncalves, denunció a la empresa por supuesta “estafa, malversación de caudales públicos, desvío de fondos públicos y/o el que resulte de las investigaciones” que se tramitan bajo expediente N° 482/2014 del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas.Goncalves confirmó a este diario la presentación judicial: “Fue por la retención de un cobro, un cobro indebido. La cobranza se hizo en febrero de 2013 y nosotros nos enteramos en diciembre porque Rentas nos indicó que la empresa a la que reclamábamos el pago ya lo había saldado. Entonces eran 60 mil pesos”.Según Goncalves, el juicio se sigue sustanciando en la Justicia Penal. “Iniciamos la acción porque pensamos que hay que poner en evidencia el hecho. Trabajamos un tiempo con esa empresa, pero están teniendo problemas que a las reparticiones nos van a traer inconvenientes a futuro. Hay una serie de antecedentes que molestan a cualquiera”, opinó el alcalde de Mártires.Pedidos de informesEn la sesión de anoche, el Concejo Deliberante de San Vicente se aprestaba a aprobar varios pedidos de informes sobre la empresa elegida por Dos Santos. El vicepresidente del cuerpo deliberativo, Raúl Peñalva Jost, confirmó a PRIMERA EDICIÓN que la mayoría renovadora acordó una serie de medidas antes de tomar una decisión definitiva sobre el pedido del intendente para sacar el poder de cobro a Rentas y pasarlo a Servicios Comunales SA. “La primera es pedir al Ejecutivo para que nos informe de las causas por las cuales quiere derogar la ordenanza 19 que establece el convenio con Rentas. La segunda es que se nos informe el estado de Servicios Comunales ante la Afip, el Veraz y Rentas de la Provincia”, detalló.El edil Peñalva admitió estar al tanto de la denuncia penal del alcalde de Mártires. Sin embargo, aclaró que “hasta que no me den toda esa información, no voy a emitir comentario. Pero mañana (por hoy) en comisión seguiremos tratando el caso”.Finalmente, el concejal renovador admitió estar “sorprendido” por el proyecto del intendente Waldomiro Dos Santos para cambiar de manera repentina al cobrador de la Tasa de Publicidad.“Me sorprendió porque no estuve informado previamente de la historia. Por eso, sobre la marcha, tenemos que ir viendo los resultados económicos del convenio, si son satisfactorios o no como para hacer un convenio con otra empresa. Estamos pidiendo informes para informarnos de todo. Pero creo que hay antecedentes que no ameritan que hagamos convenio nuevamente con esa empresa por varias cuestiones que conocemos”, dijo Peñalva.Contundente, el concejal advirtió: “No voy a firmar un convenio ni autorizar la firma de un convenio con una empresa que tiene antecedentes y que puede manchar la gestión o el buen nombre de varios en la Comuna”. El apuro de ValdirCon semejantes antecedentes financieros y de operación en Misiones, cualquier vecino de San Vicente puede preguntarse cuál es el apuro del intendente de San Vicente, Waldomiro Dos Santos, para firmar el convenio de gestión de cobro de tributos municipales con una empresa que está denunciada penalmente por estafa y en una crítica situación financiera ¿Acaso Dos Santos tiene algo que ver con Servicios Comunales SA? Ni los propios ediles del oficialismo están dispuestos -por ahora- a levantar su mano para dar el visto bueno al pedido del Ejecutivo.
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